Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra Hizbulá y 10 personas señaladas de integrar una red financiera vinculada a Irán, a la que el Departamento del Tesoro acusa de transferir cientos de millones de dólares en efectivo para el grupo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusa a la red de utilizar mensajeros que viajaban en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para trasladar dinero y permitir a Hizbulá acceder a divisas al margen del sistema financiero formal y evadir sanciones.
La medida se anunció un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos preparaba una ofensiva económica contra Irán para cortar las vías utilizadas para mantener sus flujos financieros y amenazara con consecuencias para los países que ayudaran al régimen iraní.
Además de las nuevas designaciones, OFAC reclasificó a Hizbulá bajo la Orden Ejecutiva 13224 por considerar que el grupo es propiedad, está controlado o dirigido por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), o que actúa en su nombre.
El Tesoro justificó esta decisión por la coordinación de los ataques de Hizbulá por parte de la Fuerza Quds y por la participación de esta unidad iraní en la toma de decisiones políticas del grupo.
Una red para mover efectivo
Según el comunicado, la red utilizaba mecanismos financieros y logísticos para trasladar grandes cantidades de dinero entre distintos países de la región. El Tesoro sostiene que el esquema estuvo vinculado anteriormente con Behnam Shahriyari, un funcionario financiero de la Fuerza Quds que ya falleció.
La red era dirigida por el empresario turco Yunus Alper Yilmaz, quien, según las autoridades estadounidenses, utilizaba casas de cambio en Turquía como fachada y proporcionaba empresas fantasma y cuentas bancarias para transferencias relacionadas con la Fuerza Quds.
Otros integrantes se encargaban de recoger el dinero, coordinar los desplazamientos o transportarlo clandestinamente en vuelos comerciales hacia Líbano, donde se encuentra la base de Hizbulá.
El Tesoro señaló que este mecanismo forma parte de métodos más amplios utilizados por Hizbulá y sus aliados para obtener y movilizar fondos, entre ellos el contrabando de petróleo, el transporte marítimo ilícito y la venta de materias primas.
De las 10 personas sancionadas, tres fueron designadas por su presunto apoyo financiero, material o tecnológico a la Fuerza Quds, mientras que las otras siete fueron señaladas por proporcionar ese tipo de apoyo a Hizbulá.
Qué implican las sanciones
A partir de las medidas anunciadas este jueves, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o varias personas sancionadas.
Salvo que exista una autorización o exención de OFAC, las normas estadounidenses prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones dentro de Estados Unidos o que involucren al país con bienes o intereses patrimoniales de los sancionados.
Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Las instituciones financieras y otras personas también pueden enfrentar medidas por determinadas operaciones con los individuos o entidades designados.
Las personas no estadounidenses tienen además prohibido provocar o conspirar para que ciudadanos estadounidenses infrinjan las sanciones o participar en acciones destinadas a evadirlas.
El Tesoro indicó que quienes proporcionen información sobre posibles violaciones a través del programa de denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) podrían recibir recompensas si sus datos conducen a una acción de cumplimiento que genere sanciones monetarias superiores a $1 millón de dólares.
Asimismo, determinadas operaciones con las personas sancionadas pueden exponer a instituciones financieras extranjeras a sanciones secundarias, incluida la posibilidad de que OFAC prohíba o restrinja sus cuentas corresponsales o de pago en Estados Unidos.
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