El presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, describió los hechos como “una toma de poder por la fuerza que tiene todas las características de un golpe de Estado”. El abogado Marcin Matczak también cuestionó la legalidad de la suspensión y advirtió sobre sus consecuencias para el Estado de derecho.
La policía antidisturbios desplegó un operativo para impedir que los manifestantes ingresaran al edificio. Tres personas fueron detenidas tras saltar las vallas del recinto, mientras las autoridades explicaron que la intervención respondió al riesgo de agresiones contra jueces y trabajadores. La disputa también llevó al presidente Karol Nawrocki a interrumpir su viaje oficial a Senegal para regresar a la capital.
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El conflicto enfrenta al Gobierno del primer ministro Donald Tusk con los sectores vinculados al anterior Ejecutivo del PiS, que gobernó entre 2015 y 2023. Ambas partes cuestionan la legitimidad de las decisiones adoptadas por la otra facción dentro del máximo órgano judicial del país.
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Jueza suspende al presidente del Constitucional
Korwin-Piotrowska ordenó apartar durante un mes a Święczkowski y a Sochański, y anunció que asumiría provisionalmente la dirección del tribunal. La magistrada fue elegida en el transcurso de la actual legislatura, pero el presidente Nawrocki no ha formalizado su incorporación mediante el juramento correspondiente.
Święczkowski rechazó la medida y sostuvo que continúa al frente de la institución. La cuenta oficial del Tribunal Constitucional también desconoció la autoridad de Korwin-Piotrowska y afirmó que su actuación constituye un «golpe de Estado». Según ese comunicado, la jueza no puede asumir la presidencia interina porque no prestó juramento ante el jefe del Estado.
En paralelo, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, solicitó que se levante la inmunidad judicial de ambos magistrados para presentar cargos penales. El funcionario aseguró que su petición cuenta con 50 volúmenes de expedientes y defendió la actuación de Korwin-Piotrowska.
Tusk defiende la medida para restaurar el Estado de derecho
El primer ministro respaldó la decisión y afirmó que su Gobierno busca recuperar la independencia de las instituciones judiciales, después de las reformas impulsadas por el PiS durante sus años en el poder.
“Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad por parte de Ley y Justicia, este es un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere medidas decisivas. No hay otra alternativa”, escribió Tusk en X.
La disputa también tiene antecedentes en las diferencias entre Polonia y la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE cuestionó la independencia del Constitucional y determinó que su composición no cumplía los estándares europeos. La Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, pidió a Nawrocki que juramentara a los nuevos jueces elegidos por el Parlamento.
PiS califica la acción como golpe de Estado
El líder opositor Jarosław Kaczyński acudió a la protesta y acusó al Ejecutivo de tomar el control del tribunal por la fuerza. También afirmó que Polonia se encamina hacia un «Estado policial» y reclamó la intervención del presidente.
“El Tribunal es la garantía de nuestra libertad y soberanía. El pisoteo del derecho por parte de Tusk no tiene límites”, sostuvo Kaczyński.
Las críticas también llegaron del presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, quien describió los hechos como “una toma de poder por la fuerza que tiene todas las características de un golpe de Estado”. El abogado Marcin Matczak, por su parte, cuestionó la legalidad de la suspensión y advirtió sobre sus efectos en el Estado de derecho.
Nawrocki interrumpe su viaje y regresa a Varsovia
El presidente polaco suspendió su visita oficial a Senegal y anunció que regresaría de inmediato al país ante la crisis judicial. “En un momento así, el presidente debe estar en Polonia”, escribió en X.
Nawrocki, aliado del PiS, se ha negado a juramentar a cinco jueces elegidos por la mayoría parlamentaria de Tusk. Su antecesor, Andrzej Duda, también utilizó sus facultades presidenciales para bloquear iniciativas del Ejecutivo destinadas a modificar el sistema judicial.
La disputa se intensificó después de que el Parlamento eligiera nuevos magistrados y el presidente del Constitucional les impidiera asumir sus funciones. Entre los nombramientos cuestionados figura el del abogado Maciej Berek, asesor jurídico del Gobierno.
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