Un ciudadano colombiano de 55 años fue sentenciado a 3 años de prisión federal en Estados Unidos después de admitir que durante más de 2 décadas utilizó la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener documentos oficiales, registrarse como votante y participar en varias elecciones.
Carlos Felipe Jaramillo Grajales, residente de Jacksonville, Florida, deberá, además, ser deportado a Colombia una vez que cumpla su condena. El caso expuso un elaborado esquema de suplantación de identidad que comenzó en 2003 y se prolongó hasta 2024.
La sentencia fue dictada el 12 de agosto por el juez federal Harvey E. Schlesinger. El tribunal también emitió una orden judicial de deportación. Jaramillo Grajales se declaró culpable de varios cargos relacionados con fraude documental, robo agravado de identidad y una declaración falsa de ciudadanía estadounidense.
La identidad que utilizó durante más de 20 años
Según documentos judiciales y la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, Jaramillo Grajales comenzó a utilizar los datos personales de otro ciudadano en marzo de 2003. Con su nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social consiguió una licencia de conducir de Florida.
El documento fue renovado varias veces y la última renovación se produjo en febrero de 2024, más de dos décadas después de que comenzara la suplantación.
En abril de 2003, apenas un mes después de obtener la licencia, solicitó un pasaporte estadounidense. Para respaldar la solicitud, presentó un certificado de nacimiento de Puerto Rico y la licencia de conducir, ambos correspondientes a la identidad que había adoptado.
El pasaporte fue expedido en mayo de ese año. Posteriormente, Jaramillo Grajales consiguió renovarlo en 2013 y nuevamente en 2023, manteniendo activa durante años la identidad ajena.
Se registró para votar y participó en elecciones
El fraude también llegó al sistema electoral. En diciembre de 2010, el colombiano presentó una solicitud de registro como votante en Florida y declaró que era ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico.
La inscripción fue aprobada. A partir de entonces, votó en varias elecciones, incluida la celebrada el 3 de noviembre de 2020 en el condado de Duval.
De esta manera, la identidad falsa no solo le permitió acceder a documentos gubernamentales, sino también presentarse ante las autoridades electorales como ciudadano estadounidense.
Su matrimonio también quedó ligado al fraude
La investigación reveló además una dimensión migratoria. La mujer que posteriormente se convirtió en esposa de Jaramillo Grajales ingresó a EE.UU. en septiembre de 2003 con una visa de turista.
Después de casarse con él, solicitó la residencia permanente y, posteriormente, la ciudadanía estadounidense bajo la premisa de que estaba casada con un ciudadano estadounidense. Las solicitudes fueron aprobadas y ella se naturalizó en agosto de 2017.
La pareja se divorció en enero de 2020. Sin embargo, años después volverían a casarse y la relación adquiriría una nueva relevancia dentro de la investigación federal.
Regresó a EE.UU. con su nombre real
En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia utilizando la identidad falsa. Un mes después, su entonces exesposa viajó al mismo país y presentó una solicitud de visa K-1 para él, esta vez utilizando su nombre verdadero.
La visa fue aprobada y el colombiano regresó a EE.UU. bajo su identidad real. En junio de 2025, la pareja volvió a casarse y Jaramillo Grajales solicitó la residencia permanente como cónyuge de una ciudadana estadounidense.
La maniobra, sin embargo, terminó bajo escrutinio federal y desembocó en su procesamiento y posterior condena.
3 años de prisión y deportación
Tras declararse culpable, Jaramillo Grajales recibió una pena de 3 años en una prisión federal. Una vez que cumpla la condena, deberá ser removido de EE.UU. y enviado a Colombia.
La investigación fue realizada por Homeland Security Investigations, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.
El fiscal federal Gregory W. Kehoe sostuvo que las leyes migratorias estadounidenses buscan proteger las fronteras y la integridad de las instituciones gubernamentales. El caso, además, pone de relieve cómo una identidad robada puede utilizarse durante años para atravesar distintos sistemas oficiales sin levantar sospechas inmediatas.
Para las autoridades, la sentencia representa el desenlace de una investigación que involucró documentos de identidad, trámites migratorios y registros electorales. Ahora, después de más de 20 años utilizando los datos de otra persona, el ciudadano colombiano deberá cumplir su condena antes de enfrentar su salida definitiva de EE.UU.
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