El Gobierno de Donald Trump amplió este martes su campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones a su presidenta, Tomoko Akane, y al abogado de la Fiscalía Abdoulaye Seye, en una nueva medida dirigida contra integrantes del tribunal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció las sanciones y estableció un periodo limitado para liquidar operaciones pendientes relacionadas con las cuentas de ambos funcionarios, que se extenderá hasta el 17 de septiembre.
Las restricciones también alcanzan a cualquier entidad en la que Akane o Seye tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 %.
La medida coloca a la máxima autoridad institucional de la CPI entre los funcionarios del tribunal castigados por Washington desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Rubio acusa a la CPI de actuar contra la soberanía de los países
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones con una dura acusación contra la institución con sede en La Haya.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato”, afirmó.
“No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, añadió Rubio.
Akane ejerce principalmente funciones institucionales y de representación como presidenta de la corte. Seye, por su parte, está vinculado a investigaciones de la Fiscalía relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.
Trump mantiene su presión contra la CPI
Las nuevas sanciones forman parte de una ofensiva que Trump intensificó desde su regreso al poder.
En febrero, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que calificó determinadas actuaciones de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.
La orden se centró especialmente en las investigaciones del tribunal sobre actuaciones del Ejército estadounidense en Afganistán y en las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Desde entonces, Washington ha utilizado esa orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, además de a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
Rubio ya había anticipado en julio que la Administración Trump aumentaría la presión contra la corte durante las semanas siguientes.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses porque nunca ratificó el Estatuto de Roma. La Administración Trump sostiene además que el tribunal tampoco tiene autoridad sobre ciudadanos israelíes, dado que Israel tampoco es parte del tratado.
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