El problema de los excrementos de perros en la ciudad Nueva York dejó de ser una molestia aislada para convertirse en un asunto de limpieza urbana que ya ocupa un lugar en la agenda del Ayuntamiento.
Este jueves, el Consejo Municipal aprobó la Ley SCOOP, un paquete de 4 iniciativas que busca facilitar que los dueños recojan los desechos de sus mascotas y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de heces abandonadas en calles, aceras y parques.
La aprobación llega después de un invierno especialmente complicado. Las tormentas de nieve consecutivas provocaron que los residuos caninos quedaran ocultos bajo la nieve y aparecieran cuando comenzó el deshielo. Durante los 2 primeros meses del año, el servicio 311 recibió 821 quejas por excrementos de perros, un aumento de 35.8% frente al mismo periodo de 2025.
Desde entonces, el volumen acumulado creció todavía más. De acuerdo con los datos difundidos por CBS News, la ciudad contabilizó 2,926 quejas en lo que va de 2026: 897 en Brooklyn, 759 en El Bronx, 615 en Manhattan, 568 en Queens y 86 en Staten Island. La cifra representa un incremento de 45.5% respecto al mismo periodo del año anterior.
¿Qué cambia con la Ley SCOOP?
Uno de los cambios más visibles será la instalación de dispensadores de bolsas para excrementos junto a los cestos públicos de basura. La iniciativa, impulsada por la presidenta del Ayuntamiento, Julie Menin, obliga al Departamento de Saneamiento (DSNY) a instalar y llenar estos dispensadores en los contenedores públicos de las calles. La legislación contempla al menos 1,200 puntos de suministro.
La medida intenta atacar uno de los argumentos más habituales cuando un dueño deja los desechos en la vía pública: no tener una bolsa a mano. El reto, sin embargo, estará en mantener los dispensadores abastecidos. El propio DSNY había advertido que no cuenta con recursos suficientes para reponer bolsas de manera rutinaria y a gran escala, un problema que ahora deberá resolverse durante la implementación.
La SCOOP Act también establece una campaña de educación pública para explicar los riesgos sanitarios asociados con los excrementos, las mejores prácticas para retirarlos y las obligaciones legales de los propietarios. Los materiales deberán estar disponibles en inglés y en los idiomas designados por la ciudad, y la campaña tendrá que comenzar dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Otra de las apuestas de la nueva legislación mira más allá de la basura convencional. El Departamento de Parques y Recreación deberá poner en marcha un programa piloto para recolectar excrementos en parques caninos y destinarlos al compostaje.
El plan contempla la participación de grupos de voluntarios con experiencia en el mantenimiento de estos espacios. En los parques seleccionados podrán instalarse contenedores específicos y suministrarse bolsas compostables. Además, Parks deberá informar públicamente cuánto desecho se recolectó y compostó, dónde se utilizó el compost, qué tan eficaz resultó el programa y qué obstáculos surgieron durante su implementación.
La ciudad también reforzará la información visible para los visitantes. Los parques deberán contar con letreros en entradas y salidas que recuerden la obligación de retirar los excrementos y las sanciones asociadas. Las nuevas disposiciones alcanzan también instalaciones como áreas de juego, playas, zonas de ejercicio, espacios para picnic y parques para perros.
Una multa que ya existe
La nueva legislación no elimina la obligación vigente de recoger los excrementos. Dejar las heces de un perro en la vía pública puede acarrear una multa de $250 dólares. El problema para las autoridades ha sido la dificultad de hacer cumplir esa norma: los funcionarios deben encontrar al dueño en el momento en que no recoge los desechos.
Por eso, el paquete aprobado apuesta por una estrategia más amplia que la de simplemente aumentar las sanciones. Bolsas disponibles, información, señalización, compostaje y vigilancia forman parte de un mismo intento por modificar una conducta que puede parecer pequeña, pero que tiene consecuencias acumulativas en una ciudad de millones de habitantes.
La iniciativa tendrá, ademá,s un costo relativamente reducido para el presupuesto municipal. Según los detalles divulgados tras la aprobación y recogidos por el New York Post, la ciudad prevé destinar alrededor de $180,000 durante el año fiscal 2027 para poner en marcha estas medidas.
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