El Departamento de Justicia anunció este miércoles cargos contra 11 personas acusadas de operar durante una década una red que organizó más de 1,000 matrimonios fraudulentos con base principalmente en Nueva York y presencia en otros siete estados de EE.UU., además de China y Vanuatu.
Según una acusación federal, el grupo habría organizado los matrimonios simulados para ayudar a extranjeros, principalmente ciudadanos de China, a obtener estatus migratorio en Estados Unidos. Algunos de los clientes habrían pagado hasta $100,000 dólares por cada matrimonio fraudulento.
La presunta operación habría funcionado al menos desde 2016 hasta julio de 2026 y contaba con una estructura dedicada a captar tanto a extranjeros interesados en obtener la residencia permanente como a ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en los matrimonios.
A pesar de que la red tuvo como principal centro de operaciones la ciudad de Nueva York, los matrimonios presuntamente fueron organizados en otros estados, incluidos Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, además de China y Vanuatu.
Los acusados son Amy Cheng, también conocida como Amy Zhou, de 72 años; Xiao Mei Chan, conocida como Carmen, de 64; Christine Lu, conocida como Lily, de 52; Jing Yan Ye, conocida como Serene, de 43; Xiao Yan Chen, conocida como Anna, de 48; Gang Zheng, conocido como Michael y Mike, de 61; Anthony Cheng, de 47; Michelle Dueñas, de 35; Ángela Dueñas, de 26; Sigrid Cetino, de 32; y Erika Johnson, de 43 años.
Todos fueron identificados como residentes de Nueva York, con domicilios en Brooklyn, Queens, Staten Island, Peekskill y Ossining. Diez de los acusados fueron arrestados este miércoles y se esperaba que comparecieran ante un juez federal en White Plains.
Modus operandi
Los facilitadores supuestamente identificaban a los clientes extranjeros y coordinaban el esquema, mientras que los reclutadores buscaban ciudadanos estadounidenses y recibían comisiones por incorporarlos.
Otros integrantes preparaban la documentación migratoria y coordinaban las solicitudes de residencia permanente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La red también habría recurrido a oficiantes de bodas, abogados, preparadores de impuestos, compañías de seguros y otros proveedores para dar apariencia de legitimidad a las relaciones.
Después de emparejar a los ciudadanos estadounidenses con los extranjeros, los participantes presuntamente organizaban ceremonias y tomaban fotografías para aparentar que se trataba de matrimonios auténticos.
En algunos casos, señala el Departamento, las parejas se habrían conocido por primera vez poco antes de solicitar la licencia matrimonial.
El supuesto fraude continuaba después de las ceremonias. De acuerdo con la acusación, los participantes creaban fotografías adicionales, abrían cuentas bancarias y de servicios públicos conjuntas, presentaban declaraciones de impuestos como pareja y obtenían pólizas de seguro para fabricar evidencia de una relación legítima.
Posteriormente, los acusados y sus cómplices habrían preparado solicitudes de “Green Card” con información falsa. Cuando USCIS requería entrevistas, los participantes supuestamente recibían instrucciones para ocultar la verdadera naturaleza de sus relaciones y proporcionar respuestas falsas a los funcionarios migratorios.
La acusación sostiene que la red provocó la presentación de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de residencia permanente y que, por su duración y magnitud, habría recaudado decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros.
Pagos de hasta $100,000 dólares
Los extranjeros habrían pagado a los intermediarios hasta aproximadamente $100,000 por cada matrimonio y la asistencia para obtener la residencia. A su vez, los ciudadanos estadounidenses participantes podían recibir hasta $30,000 dólares, generalmente mediante pagos vinculados a distintas etapas del proceso de solicitud de la Tarjeta Verde.
Los reclutadores también recibían comisiones de hasta aproximadamente $5,000 dólares por cada ciudadano estadounidense que incorporaban. En total, la red habría reclutado a cientos de ciudadanos para participar en matrimonios simulados.
“El Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”, declaró el fiscal general Todd Blanche, y advirtió que este tipo de operaciones “no serán toleradas bajo la administración Trump”.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, dijo que las detenciones permitieron desmantelar un componente central de “una de las mayores redes de fraude matrimonial jamás imputadas en la historia de Estados Unidos”.
Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión en caso de una condena. También enfrentan un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de 10 años de prisión.
