La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó este martes a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos para impedir que nuevas reglas de la administración Trump eliminen la aplicación de leyes estatales que obligan a los bancos a pagar intereses a los propietarios sobre fondos depositados en cuentas de garantía hipotecaria.
James se sumó a una coalición de otros nueve fiscales generales estatales que buscan que un tribunal declare ilegales las normas aprobadas por la OCC y bloquee su implementación.
Según el comunicado de la fiscal general, las reglas amenazan los pagos de intereses que ayudan a los propietarios a cubrir gastos como impuestos sobre la propiedad y seguros de vivienda.
“En un momento en que ser propietario de una vivienda es más caro que nunca, la administración Trump está tratando de hacerlo aún más costoso con estas normas ilegales”, afirmó James. “Los grandes bancos y prestamistas hipotecarios no deberían poder obligar a los propietarios a mantener cantidades importantes de dinero sin pagar intereses”.
Las cuentas escrow son utilizadas por los prestamistas hipotecarios para mantener dinero de los propietarios destinado al pago de impuestos sobre la propiedad y primas de seguros.
De acuerdo con el comunicado, los prestamistas comenzaron a exigir estos depósitos mensuales en la década de 1930, y los estados empezaron a aprobar leyes para exigir el pago de intereses sobre esos fondos a partir de la década de 1970.
Legislación de 1974
Nueva York aprobó su legislación en 1974 y exige a los prestamistas hipotecarios pagar un interés de al menos 2% sobre los fondos mantenidos en estas cuentas. El comunicado señala que, para 2016, aproximadamente 80% de las hipotecas en Estados Unidos tenían una cuenta escrow asociada.
La disputa se centra en dos normas finales emitidas por la OCC el 15 de mayo de 2026. La agencia determinó que las leyes de Nueva York y otros 13 estados y territorios que exigen el pago de intereses sobre fondos escrow no deberían aplicarse a bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro.
La OCC sostiene que esas leyes reducen la “flexibilidad” de los bancos nacionales para establecer las condiciones de sus cuentas escrow.
James y los otros fiscales generales rechazan ese argumento y sostienen que la agencia no ha demostrado que las leyes estatales interfieran de manera significativa con las operaciones de los bancos ni ha identificado alteraciones del mercado que justifiquen las nuevas normas.
Los fiscales generales también cuestionan que la OCC haya explicado cómo sus reglas protegerían a los consumidores frente a posibles abusos. Según la demanda, la agencia habría creado un conflicto con las leyes estatales de intereses sobre cuentas escrow para justificar posteriormente que fueran desplazadas por la normativa federal.
La coalición sostiene además que la OCC excedió las facultades que le otorgó el Congreso. La demanda invoca la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada después de la crisis financiera de 2008, que estableció límites a la capacidad de la OCC para invalidar leyes estatales de protección al consumidor.
Según los fiscales generales, Dodd-Frank exige que la OCC determine si una legislación estatal “interfiere sustancialmente” con las facultades de un banco nacional. A su juicio, las leyes que exigen pagar intereses sobre cuentas escrow no cumplen ese criterio porque su impacto sobre las operaciones bancarias sería limitado.
Nuevas facultades
La demanda también acusa a la OCC de otorgar nuevas facultades a los bancos nacionales en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Los fiscales generales argumentan que las normas carecen de una base factual suficiente, se apoyan en especulaciones no demostradas y no evalúan adecuadamente sus posibles efectos sobre los consumidores y el sistema financiero.
James y sus aliados solicitan al tribunal una orden que declare ilegales las dos normas de la OCC y prohíba su aplicación.
“Durante décadas, Nueva York ha impedido que los prestamistas se aprovechen de los propietarios, y mi oficina está tomando medidas para defender nuestras leyes”, afirmó James.
Además de Nueva York, participan en la demanda los fiscales generales de California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Oregón, Rhode Island y Vermont.
