⬆️(clic en foto pa’ ver el video)
Altagracia Salazar
En República Dominicana, los números van y vienen según quién los cuente y a quién le convenga. Aquí hasta la justicia parece tener una calculadora con dos tarifas: una para los ladrones de poca monta y otra para los que se llevan miles de millones.
Clotilde Parra reflexiona hoy sobre el trato que las autoridades dieron a los mellos de Mendoza, a quienes atribuyen decenas de fechorías, pero no acciones violentas. Ambos fueron acribillados por la Policía mientras dormían.

Como ya no pueden hablar de intercambio de disparos, la uniformada estrenó una categoría: «intervención policial». Una fórmula que deja preguntas incómodas: ¿puede la Policía entrar a tiros en la casa de cualquier sospechoso sin orden de allanamiento ni fiscal presente? ¿Y el Ministerio Público? Sigue sin explicar qué hace frente a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
La reflexión de Parra pone los números sobre la mesa y recuerda cómo el Ministerio Público negocia con personas que admiten haberse apropiado de miles de millones de pesos del erario. Devuelven una parte, se convierten en testigos y, en determinados casos, consiguen acuerdos que les cambian el panorama judicial.
Les he dicho que el robo en SENASA ha matado, por sus consecuencias, más que muchos delincuentes. Y eso que la Policía supera las 250 muertes en lo que va de año, según las cifras que manejo, entre los llamados intercambios de disparos y las ahora bautizadas intervenciones policiales.
Diario Libre hizo una comparación que debería quitarnos el sueño: los mellos difícilmente imaginarían que existe un Mimilo Jiménez Collie que devolvió RD$715 millones y ahora es testigo del Ministerio Público.
¿Cuántas fechorías tendrían que cometer los mellos para llegar a esa cifra? ¿Y cuántas vidas vale esa diferencia?
Propongo poner en una balanza las órdenes de arresto por delitos contra la propiedad que han terminado en muertes policiales y, en la otra, los millones devueltos por quienes negociaron con la Fiscalía. No para justificar delitos, sino para entender qué clase de justicia estamos administrando.
Veamos algunos acuerdos, casi por simple curiosidad.
En el caso Pulpo, Maxi Montilla, el supercuñado, devolvió RD3,000millones,Fracnisco Pagan 10 millones y una finca de cuatro mil tareas. En la operación Medusa, Lisandro Macarrulla hijo devolvió RD144millonesyCésarFélix,RD18 millones.
En el caso Coral, Erasmo Pérez devolvió RD$1,000 millones.
Y en Calamar, una operación en la que se habla de un perjuicio al Estado de RD41,000millones,FernandoCristóstomodevolvióRD1,000 millones; Mimilo, RD715millones;JoséArturoUreña,RD500 millones, y Ángel Lockward, RD$220 millones.
Llama la atención que Maxi Montilla devolviera casi tanto como el resto de los negociantes de esos casos juntos. Los montos son tan grandes que uno termina preguntándose si estamos hablando de justicia o de una liquidación de inventario.
¿Cuál es el criterio de los fiscales para negociar con presuntos delincuentes? Y digo presuntos con cuidado: quien devuelve dinero como parte de un acuerdo está reconociendo hechos o responsabilidades en los términos de ese acuerdo, aunque el alcance jurídico depende de cada caso.
Y si el presidente ha dicho que diez órdenes de arresto constituyen una especie de límite, también hay que preguntar: ¿se cuentan por montos robados, por hechos o por personas? ¿Cuál es la regla?
Porque aquí no se trata de defender a los mellos ni de santificar a nadie. Se trata de saber por qué unos terminan muertos y otros pueden devolver miles de millones, negociar y convertirse en testigos.
Ni de relajo estoy sugiriendo que, si van a robar, roben miles de millones para sentarse a negociar. Pero cuando la diferencia entre el plomo y el acuerdo parece depender del tamaño del botín, el sistema tiene que explicar sus números.
La justicia no puede ser implacable con el ladrón de poca monta y negociable con el que saquea el Estado. Si esa es la impresión que dejan los hechos, el problema no es la calculadora: es quién decide cuándo se usa.