Santo Domingo.- Los gastos asociados a los procesos judiciales superan los RD$100,000 para las personas involucradas, además de los costos que representan para el Estado, de acuerdo con los resultados del estudio titulado Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana, presentado por el economista Rolando Guzmán realizado por de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Magistratura.

Dichos cálculos parten de que el costo también se refleja en los pagos directos. Quienes reportaron gastos legales desembolsaron, en promedio, RD$64,888 en honorarios y RD$56,204 en otros gastos operativos, como transporte, copias, certificaciones, trámites notariales, tasas y alimentación durante las audiencias.

Los honorarios legales reportados por la población encuestada alcanzan un valor medio de RD$64,000, mientras que los otros gastos relacionados con los procesos representan una magnitud aproximadamente similar.

El análisis abarcó una base de datos de aproximadamente 800,000 asuntos judiciales. Sin embargo, para evaluar el cumplimiento de los plazos, fue necesario seleccionar los casos que contaban con la información requerida, lo que permitió examinar alrededor de 600,000 procesos.

Los resultados indican que el 42 % de los casos analizados se resolvió dentro del plazo establecido, mientras que el resto excedió el tiempo previsto.

Por materia, los asuntos inmobiliarios presentan los mayores tiempos de resolución, con un promedio de 165 días, frente a los casos de tránsito, cuyo promedio ronda los 21 días.

La prolongación de los litigios tiene consecuencias económicas que trascienden los tribunales, debido a que la incertidumbre sobre los resultados y los tiempos de resolución puede retrasar operaciones, inversiones y transacciones, además de dificultar la ejecución de decisiones y la recuperación de bienes.

Guzmán señaló que durante las entrevistas realizadas a empresas y profesionales del derecho también se identificaron efectos diferenciados según el sector económico, particularmente en asuntos inmobiliarios, construcción, finanzas, crédito y relaciones laborales.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades particulares ante los costos y la duración de los procesos, mientras que algunos abogados entrevistados señalaron que deben recurrir al endeudamiento para cubrir los gastos asociados a los litigios.

De 106 usuarios, se reportaron demoras en la ejecución de garantías que prolongan la recuperación de créditos y mantienen comprometido el capital.

Un 35.85 % tenía retenido al menos RD$1 millón por un período de hasta dos años.

Ante estos hallazgos, ANJE propone cuatro prioridades para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial: primero, aplicar una gestión diferenciada por materia y territorio, con especial atención a la JurisdicciónInmobiliaria y las cortes de apelación; segundo, fortalecer el sistema de ejecución de las decisiones judiciales; tercero, mejorar la calidad de los registros para medir la duración real de los procesos; y cuarto, impulsar servicios digitales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos accesibles para las mipymes.

“Confiamos en que este estudio servirá como un aporte relevante para el diseño e implementación de reformas y políticas públicas en procura de la mejora continua del servicio judicial, pero sobre todo para crear conciencia en la ciudadanía y el empresariado respecto a la importancia que tiene la eficiencia en el sistema de justicia, la cual debe ser comprendida por su impacto sobre la inversión y estabilidad de las empresas, y sobre el bienestar de los ciudadanos”, expresó Boris De León Reyes, presidente de ANJE.

El dirigente empresarial destacó que la eficiencia judicial debe comprenderse por su impacto sobre la inversión y el desarrollo, así como sobre el bienestar y la estabilidad de las empresas y los ciudadanos. “Evaluar el costo de una actuación judicial no significa ponerle precio a los derechos.