El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su gobierno evalúa un plan de liberación anticipada y condicional para detenidos durante la guerra antipandillas que hayan colaborado con esas estructuras criminales. El mandatario estimó que la medida beneficiaría aproximadamente al 50% de los reos que se encuentran en prisión bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
El mandatario aclaró que los beneficiarios seguirían considerándose culpables, pero saldrían de prisión bajo monitoreo.
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El anuncio surge a cuatro meses de las elecciones generales, en las que Bukele buscará un tercer mandato. El régimen de excepción ha dejado al menos 93.000 detenidos, según cifras oficiales. Organizaciones humanitarias como Socorro Jurídico sostienen que al menos 30.000 de ellos son inocentes y que más de medio millar han fallecido bajo custodia estatal.
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Advierten que plan admitiría detenciones masivas
Abraham Ábrego, director legal de la organización Cristosal, dijo a la AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una demanda reiterada de los grupos de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo. Ábrego cuestionó que Bukele llamara “colaboradores de pandillas” a los posibles beneficiarios, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.
“Durante años, las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en que se revisen los casos de personas inocentes detenidas. Por eso han atacado nuestro trabajo. Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso”, declaró Ábrego. El director legal de Cristosal agregó que el mandatario “no habla de inocentes, sino de colaboradores de pandillas, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó margen de error”.
La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, señaló que el presidente también estaría aceptando “la incapacidad institucional que existe en nuestro país respecto de las detenciones masivas de salvadoreños en las cárceles”. Escobar explicó que en la pirámide de la criminalidad de las pandillas se ubican en el último escalón los colaboradores obligados, aquellas personas que recibían amenazas como “si no te pones de poste te violo a tu hermana, te mato a tu hermana, a tu mamá”.
Bukele defiende régimen y lo compara con quimioterapia
El mandatario defendió la continuidad del régimen de excepción y comparó su aplicación con una quimioterapia para un país afectado por el cáncer de las pandillas. Bukele afirmó que ese cáncer está en remisión, más no eliminado por completo, y que su gobierno quisiera quitar la medida cuando sea el momento idóneo.
El presidente también se refirió al rol de su hermano Ibrajim Bukele, quien en abril reveló en la red social X la existencia de una comisión independiente que evaluaba casos de detenidos. “Mi hermano no tiene ningún rol en ninguna comisión”, afirmó Bukele. “No sé qué quiso decir exactamente, pero yo me imagino que lo que él quiso decir, y es lo que estamos haciendo, es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”.
Bukele ha reconocido que su gobierno ha liberado a unas 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete han descrito como parte de un margen de error del régimen de excepción. El mandatario no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de liberación anticipada ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.
Liberación condicional sin criterios ni plazos definidos
El anuncio de Bukele no incluyó detalles sobre los plazos de aplicación, los requisitos de elegibilidad ni el número exacto de posibles beneficiarios. Tampoco aclaró si el plan está en estudio o ya en marcha, o si se realizará un lanzamiento oficial. El mandatario mencionó como ejemplo que “no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía”.
La tasa de presos en El Salvador se situó en 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, con un hacinamiento carcelario del 261%, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado de que bajo el régimen de excepción el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
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