Santo Domingo.– Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunciaron que apelará la decisión de una jueza que ordenó al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por un aparato telefónico ocupado a un imputado del caso de corrupción administrativa seguido contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
El órgano acusador indicó que la decisión presenta “graves vicios procesales”, al considerar que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la resolución a favor del procesado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pese a que ya estaba desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025.
Según explicó el Ministerio Público, en esa fecha el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, señalaron además que la jueza incurrió en una “desnaturalización de la figura de la astreinte”, lo que derivó en la fijación de una suma que calificaron como “exorbitante”, al entender que pretende convertirse en una indemnización a favor de un imputado por corrupción administrativa.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, informó Pérez, quien recordó que el proceso contra Álvarez Carbuccia será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con audiencia fijada para el próximo 11 de agosto.
El fiscal explicó que incluso el tribunal actualmente apoderado del caso de corrupción no tendría competencia para conocer el recurso relacionado con la reclamación del teléfono, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.
La decisión de la jueza Padilla Rosario establece el pago de RD$7,560,000.00 a favor de Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con varios bienes que ya fueron entregados al acusado. Sin embargo, el imputado también reclama la devolución de un teléfono marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.
Caso Intrant
Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura como imputado en el expediente donde el Ministerio Público acusa al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, de facilitar adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participar en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
En el expediente, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es señalado como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos con las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser vinculado al control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, así como al sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La acusación establece que Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los demás imputados son procesados por presunto lavado de activos, testaferrato, sabotaje a la red semafórica, manipulación de procesos de licitación y decisiones del Comité de Compras para favorecer empresas vinculadas al supuesto esquema de corrupción.
Respecto a las personas jurídicas involucradas, el Ministerio Público sostiene que fueron utilizadas para la ejecución de contratos fraudulentos y el control de sistemas tecnológicos estatales.
A solicitud de la Fiscalía, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, acusado de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas.
