La investigación se produce tras el reporte del New York Times en el que siete jueces fueron entrevistados sobre las deportaciones en ese estado en enero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo este miércoles una queja formal por falta ética contra siete jueces federales del estado de Minnesota, tras las entrevistas otorgadas por los magistrados a la prensa en relación con los operativos de deportación llevados a cabo en esa entidad durante enero.
La denuncia del gobierno estadounidense se fundamenta en un reporte periodístico publicado por el diario The New York Times el pasado 17 de septiembre, bajo el titular: “El auge de Trump en Minnesota amenazó la democracia, advierte un juez”.
En la investigación periodística, el juez Patrick Schiltz, perteneciente al Distrito de Minnesota, sostuvo una entrevista de 90 minutos en la que abordó las protestas e incidentes ocurridos en enero a raíz de las acciones de control migratorio, que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, informó EFE.
Adicionalmente, otros seis magistrados en activo durante ese periodo en la judicatura federal de Minnesota ofrecieron declaraciones al periódico neoyorquino.
Señalamientos éticos y postura de la Fiscalía General
Según el documento presentado por el Departamento de Justicia, la conducta de los magistrados vulnera las normativas disciplinarias de la judicatura.
“Éticamente, los jueces tienen prohibido hacer comentarios públicos sobre casos pendientes en cualquier tribunal, así como emitir declaraciones políticas o de opinión sobre asuntos que estén o hayan estado bajo su consideración”, apuntó el organismo.
Todd Blanche, fiscal general, afirmó a través de un comunicado que la actuación de los juristas involucrados afectó de manera directa la percepción ciudadana sobre la neutralidad de los tribunales en la región.
Petición de investigación
En el texto de la querella, el Departamento de Justicia solicitó que los siete miembros del tribunal que mantuvieron contacto con The New York Times procedan a inhibirse de tramitar cualquier procedimiento judicial vinculado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
La institución argumentó que existen dudas razonables sobre la imparcialidad de dichos magistrados en las causas que involucran a esa agencia federal.
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