Son las 11 de la mañana de un martes en una esquina de la Avenida Roosevelt, una de las tantas intersecciones de esta ajetreada vía de Queens, uno de los epicentros de la migración latinoamericana en el país. Cuatro mujeres jóvenes, con ajustados pantalones, están sentadas en butacas sobre la acera, tratando de conectar con la mirada a los hombres que pasan frente a ellas.
—¿Cuánto cuesta el servicio? —Son $60 —responde una joven asiática que había captado la atención de un posible cliente.
Una vez cerrado el acuerdo, ambos se dirigen al segundo piso de un edificio rodeado por una peluquería, un restaurante y una estación del subway. La escena se repite, con algunas variaciones, en diferentes segmentos de la avenida. No ocurre en uno, dos o tres lugares: de acuerdo con las organizaciones vecinales, los establecimientos donde presuntamente se ofrecen servicios sexuales, al aire libre y en espacios de alta densidad de transeúntes, ya se cuentan por decenas. Y se han multiplicado en este verano 2026.
Ante estas denuncias el gobierno municipal remarca que se distancia por completo del enfoque de “limpieza” y acción policial de la Administración Adams, para abrir paso a un enfoque “más humano” para enfrentar esta queja vecinal.
Un problema con historia
La semana pasada portavoces de la coalición comunitaria ‘Restore Roosevelt Avenue‘ aseguraron que actualmente operan entre 40 y 50 prostíbulos en las calles que cruzan los vecindarios de Jackson Heights y Corona, más del doble de los 20 establecimientos que el mismo movimiento decía haber identificado en mayo de 2025.
Los denunciantes afirman contar con fotografías, direcciones y reportes de residentes que demostrarían una expansión de la actividad en esos sectores residenciales de mayoría hispana.
“Estamos viviendo un momento en el que hay más de 50 prostíbulos operando en nuestra comunidad. Todo lo que se había mejorado con el operativo de la administración anterior y con el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul, se ha perdido. Ahora está peor”, denunció Hiram Monserrate, portavoz de Restore Roosevelt.
El tramo de la Roosevelt entre las calles 74 y 111, atravesando Jackson Heights, Elmhurst y Corona, es conocido desde hace años en el argot del comercio sexual como el “Market of Sweethearts” (“Mercado de las cariñosas”), una denominación que algunos medios locales popularizaron a partir de 2023 al documentar decenas de burdeles disfrazados de salones de masajes.
Denuncias y denuncias
Asimismo, Monserrate sostiene que la prostitución visible se ha extendido desde el corredor comercial hacia calles donde predominan edificios residenciales y viviendas familiares.
“Están en las calles 85, 89 y 90; en Britton Avenue y en las calles 79, 77 y hasta la 71, caminando por zonas donde hay edificios y casas. Esto ha llegado a nuestra comunidad y el pueblo se está quejando”, acotó.
El exsenador estatal, quien también fue oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en la década de 1990 y hoy es líder distrital demócrata en Queens, asegura que diariamente recibe mensajes de residentes por Facebook, Instagram y WhatsApp, acompañados de fotografías y direcciones: “la gente piensa que yo estoy allá afuera buscando esa información. Son los vecinos que me la está trayendo, porque sienten que no tienen dónde acudir”.
Según Monserrate, cerca de diferentes tipos de comercios como ventas de frutas operan dos presuntos prostíbulos y varias mujeres ofrecen servicios sexuales en plena vía pública.
“La gente va a comprar frutas y tiene que pasar entre mujeres que tratan de captar a los hombres para que entren. Esa es la comunidad donde estamos viviendo“, remarcó.
“Aquí criamos a nuestros hijos”
La coalición ‘Restore Roosevelt Avenue’ fue integrada por residentes, comerciantes, dirigentes vecinales y líderes religiosos de Jackson Heights, Elmhurst, Corona y East Elmhurst, encabezada por la activista comunitaria Rosa Sánchez.
A sus protestas se han sumado miembros de Neighbors of the American Triangle of Corona y representantes de congregaciones cristianas como el Centro Cristiano Discípulos de Judá, Iglesia Cielos Abiertos, Iglesia Pentecostal Unida Hispana, Renewal Church y Centro Cristiano Adonai, además de integrantes de la comunidad musulmana preocupados por la actividad sexual visible cerca de mezquitas.
Para la activista comunitaria ecuatoriana Sonia Ríos, residente de Corona desde los años 70, el hecho de que las autoridades municipales toleren esta expansión es un “irrespeto” a la dignidad de miles de familias.
“Ustedes se imaginan este descaro en Park Avenue o en vecindarios acomodados de Manhattan. Solo que en nuestro caso, no nos prestan atención porque de alguna manera hay políticos que piensan que nos merecemos que esta sea una zona de tolerancia. Cada adulto hace con su cuerpo lo que quiere. Pero no en donde estamos criando a nuestros hijos“, agregó.
Ríos remató que, con el reinicio de clases, los estudiantes adolescentes deben cruzarse con mujeres que desde la mañana hacen señas a los hombres en las aceras: “esta es una zona residencial. Y con el apoyo de líderes electos se está convirtiendo de nuevo en una zona de tolerancia, venta de drogas y delincuencia”.
Gobierno municipal cambia de rumbo
Hay que recordar que el 15 de octubre de 2024 el entonces alcalde Eric Adams lanzó ‘Operation Restore Roosevelt‘, un operativo interinstitucional que reunió a más de una docena de agencias de la ciudad, al NYPD y a la Policía Estatal para enfrentar con dureza los delitos de prostitución, comercio ilegal y otros problemas de calidad de vida entre las calles 74 y 111 de la avenida.
El propio Adams presentó la iniciativa en redes sociales como un esfuerzo para “traer dignidad y seguridad a familias inmigrantes trabajadoras”.
En un comunicado dirigido a El Diario, portavoces de la Administración Mamdani se deslindan de ese modelo de intervención del exalcalde y se comprometen a colaborar con organizaciones locales para utilizar todas las herramientas de fiscalización y control disponibles para la Ciudad, al tiempo de tratar a las víctimas y sobrevivientes con el cuidado y la dignidad que merecen.
“Una de las lecciones de la ´Operación Restore Roosevelt´ es que las medidas de control por sí solas no pueden resolver las condiciones que permiten que persista la trata de personas. Cuando las personas carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas debido a su estatus migratorio, a traumas o a la discriminación corren un mayor riesgo de sufrir explotación. Por lo tanto, nuestro enfoque es combinar la aplicación de la ley con el apoyo a las personas a construir vidas más estables”, subrayó la fuente municipal.
“Vamos para atrás”
Precisamente ante la denuncia que las actividades del comercio sexual se elevaron durante este verano, líderes comunitarios han hecho sonar las campanas sobre un aparente relajamiento de la acción policial.
Algunas protestas se han escenificado frente a un presunto burdel en el 76-09 de Roosevelt Avenue y corearon consignas como “¡Ciérrenlo!” y “¡Basta de prostitución!”.
Por ello, Rosa Sánchez, líder de Restore Roosevelt Avenue, exigió directamente al alcalde Zohram Mamdani y a la gobernadora Hochul que actuaran: “tenemos familias y niños. Están aquí las 24 horas del día. Ha empeorado, y les pedimos que vengan a caminar estas calles. No queremos esto en nuestra comunidad, y no lo vamos a aceptar”.
Entretanto, Monserrate cree que la “posición histórica” de Mamdani sobre la despenalización de esta actividad, podría explicar una respuesta menos contundente de la actual administración.
“Me parece que la administración actual tal vez no ve la problemática como la vemos nosotros. La prostitución sigue siendo ilegal en el estado de Nueva York y las autoridades no están aplicando suficientemente la ley”, denunció.
Para la coalición, el problema va más allá de la prostitución visible. Residentes reconocen que algunas mujeres podrían estar trabajando bajo amenazas, deudas o el control de organizaciones criminales.
“Algunas son víctimas de tráfico humano y sabemos que llegaron con deudas de entre $35,000 y $50,000 que tienen que pagar“, aseguró.
Uno de los principales cambios en el reclamo vecinal es la exigencia de que la ciudad no concentre sus acciones únicamente en las mujeres que ofrecen servicios sexuales, sino que investigue a quienes administran los negocios, reciben sus ganancias o alquilan los espacios donde presuntamente funcionan.
Ellas están haciendo este trabajo dirigido a gente adulta que no maneja las redes. Como todo, este negocio ha cambiado y la mayoría de las prostitutas ofrecen sus servicios por las redes. Ellas están aquí ofreciendo un servicio a personas que no saben de tecnología. Este es un trabajo, punto”
“Ellas no se meten con nadie”
No todas las voces coinciden en que la solución sea intensificar la vigilancia policial. Organizaciones defensoras de derechos de migrantes y trabajadoras sexuales han cuestionado el enfoque de ‘Operation Restore Roosevelt’ desde su lanzamiento.
La organización Make the Road New York, por ejemplo, documentó un aumento del temor a la deportación y la estigmatización entre comunidades migrantes de la zona durante el operativo de 2024.
Activistas y líderes electos de ese distrito electoral han argumentado que el operativo llevado adelante por el exalcalde Adams terminó castigando a las poblaciones más vulnerables del corredor, vendedores ambulantes, personas migrantes y trabajadoras sexuales, sin atender las causas económicas que empujan a muchas mujeres hacia esa actividad.
No todos los comerciantes de la zona comparten el mismo nivel de alarma.
Un joven barbero que trabaja a solo metros de uno de los lugares en donde pernoctan las jóvenes defendió su presencia señalando “que ellas no se meten con nadie”.
“Ellas están haciendo este trabajo dirigido a gente adulta que no maneja las redes. Como todo, este negocio ha cambiado y la mayoría de las prostitutas ofrecen sus servicios por las redes. Ellas están aquí ofreciendo un servicio a personas que no saben de tecnología. Este es un trabajo, punto”, argumentó.
Castigo a los dueños de locales
Algunos registros periodísticos comprueban que la prostitución también marcaba a Roosevelt Avenue en las décadas de 1980 y 1990, aunque funcionaba de manera menos visible. Los prostíbulos estaban escondidos. Había hombres repartiendo tarjetas y dirigiendo a los clientes hacia lugares muy ocultos.
Según Monserrate, en esa época las autoridades usaron órdenes de clausura para cerrar los locales de manera progresiva, una herramienta legal que sostiene hoy casi no se utiliza.
“Tenemos que asegurarnos de que los caseros y dueños de propiedades reciban las sanciones correspondientes por operar o permitir estos prostíbulos. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Lo que falta es voluntad política”, concluyó.
El dato:
- 20 establecimientos eran denunciados por la coalición comunitaria en mayo de 2025. Entre 40 y 50 locales funcionarían actualmente.
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