La crisis de personal que atraviesa el sistema penitenciario de Nueva York no solo se refleja en las cifras oficiales. También se percibe en las decisiones de quienes alguna vez imaginaron construir allí una carrera estable, con buenos beneficios y una jubilación segura.
Kellan Livsey conoce esa historia desde dentro. El hombre de 31 años conservaba en su teléfono una fotografía del día en que se convirtió en oficial penitenciario estatal, acompañado por sus abuelos durante su graduación en la academia de entrenamiento en Albany. 7 años después, abandonó el trabajo.
“Este trabajo te hace envejecer”, declaró Livsey en entrevista con Gothamist.
Su experiencia resume uno de los principales problemas que enfrenta el sistema: Nueva York registra actualmente una tasa de vacantes del 56% entre los trabajadores penitenciarios, en medio de un escenario marcado por jornadas obligatorias de 12 horas, horas extra, violencia y dificultades para retener a los nuevos empleados.
Un trabajo que dejó de parecer estable
En la región de North Country, cerca de la frontera con Canadá, las prisiones estatales fueron durante décadas una fuente importante de empleo. Cuando Livsey crecía en Plattsburgh, había 8 centros penitenciarios estatales a menos de una hora de distancia.
Para muchos habitantes de la zona, trabajar en una prisión era casi una tradición familiar. También representaba una oportunidad difícil de rechazar: salario competitivo, prestaciones y una pensión que podía garantizar estabilidad durante la jubilación.
Livsey comenzó en 2018 en Clinton Correctional Facility, en Dannemora. Sin embargo, el panorama cambió. El estado cerró 13 prisiones desde entonces y, según el exoficial, esa transformación también hizo que su propio empleo pareciera menos seguro.
A la presión se sumaron cambios en las reglas penitenciarias. La Ley HALT, que limita el uso del confinamiento solitario y entró en vigor en 2023, fue celebrada por defensores de los derechos de las personas encarceladas, pero criticada por numerosos oficiales, quienes consideran que redujo las herramientas disponibles para sancionar determinados comportamientos.
Durante la huelga ilegal de 2025, los agentes reclamaron precisamente la derogación de esa legislación, además de mejores condiciones laborales.
La huelga agravó la falta de personal
El conflicto alcanzó su punto crítico en 2025, cuando miles de oficiales participaron en una huelga de 3 semanas. La gobernadora Kathy Hochul respondió con el despido de unos 2,000 trabajadores.
Aunque la mayoría regresó posteriormente a sus puestos, el golpe dejó una brecha difícil de cerrar. El estado tuvo que recurrir incluso a la Guardia Nacional para ayudar a cubrir las necesidades de personal en las prisiones, una operación que ya ha costado más de $1,000 millones de dólares.
Hochul ha calificado la situación como una “crisis” y asegura que su administración ha puesto en marcha medidas para atraer y conservar empleados. Entre ellas, figuran una reducción de la edad mínima para convertirse en oficial penitenciario, nuevos incentivos y modificaciones al sistema de pensiones.
Sin embargo, el problema no es únicamente atraer candidatos. También consiste en lograr que permanezcan.
El año pasado, más de 660 nuevos oficiales fueron asignados a centros penitenciarios después de completar su formación. Para finales de ese mismo año, más de 250 ya habían renunciado.
La presión también aumenta porque una generación de trabajadores contratados durante el auge de la población carcelaria en los años 90 está llegando al momento de su jubilación. Cerca de 800 oficiales se retiraron recientemente, según los registros estatales.
Una batalla política por el futuro de las prisiones
La crisis ya forma parte de la campaña para la gobernación. El republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y rival de Hochul, responsabiliza a las políticas impulsadas por los demócratas y promete derogar la Ley HALT y contratar nuevamente a los oficiales despedidos.
Su postura le consiguió el respaldo de la New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, el sindicato que representa a los guardias penitenciarios estatales.
Hochul, en cambio, defiende el despido de los trabajadores que participaron en la huelga y sostiene que abandonaron sus puestos, incumplieron la ley y pusieron en riesgo a sus compañeros y a las comunidades cercanas.
Mientras los políticos discuten el rumbo del sistema, los defensores de los presos rechazan cualquier intento de regresar al uso extendido del aislamiento. Wanda Bertram, de Prison Policy Initiative, sostiene que el confinamiento solitario deteriora la salud mental, rompe los vínculos familiares y dificulta el acceso a programas de rehabilitación.
Su propuesta es distinta: continuar reduciendo el tamaño del sistema penitenciario, cerrar instalaciones, concentrar a la población carcelaria y liberar a presos de edad avanzada.
En medio de ese choque de visiones queda una pregunta difícil de ignorar: ¿quién querrá ocupar los puestos que el estado necesita cubrir?
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