Santo Domingo. – Familiares, amigos y representantes de organizaciones de derechos humanos de Miguel Antonio Valenzuela, conocido como «Miguelito», se manifestaron este lunes frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia por su muerte, ocurrida tras permanecer cinco días bajo custodia policial en San Cristóbal.
Durante la protesta, los familiares, junto a sus representantes legales, solicitaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la designación de un equipo de investigación independiente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento, ocurrido mientras permanecía recluido en la cárcel preventiva conocida como «La 17», en San Cristóbal.
El abogado de la familia, Carlos Rodríguez, cuestionó la versión preliminar atribuida al Ministerio Público sobre la causa de la muerte y aseguró que los familiares cuentan con una prueba médica que descarta la leptospirosis.
«El Ministerio Público estableció que Miguel Antonio falleció por leptospirosis, cuando esa no es la realidad. Los familiares le realizaron una prueba de leptospirosis al fallecido y el resultado fue negativo. Tenemos la evidencia de que en ningún momento murió por esa enfermedad», afirmó.
Rodríguez explicó que la familia depositó una instancia ante la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación exhaustiva que permita determinar las verdaderas circunstancias en que ocurrió la muerte de Valenzuela.
Al ser consultado sobre las razones de la detención, el jurista indicó que su cliente fue arrestado por dedicarse a la venta de números de lotería mediante un verifón.
«Miguelito fue apresado porque se dedicaba a la venta de números con un verifón. La Policía sostiene que fue detenido en flagrante delito, pero nosotros afirmamos que eso no ocurrió», expresó.
Según explicó, las autoridades alegan que Valenzuela fue sorprendido mientras realizaba esa actividad.
La muerte de Valenzuela ya había provocado una protesta el jueves 16 de julio, cuando familiares y comunitarios acudieron con el ataúd hasta el destacamento policial de San Cristóbal para reclamar respuestas.
