¿Qué ocurre con un paciente que pierde su cita médica porque permanece encerrado en su celda? ¿Quién revisa las decisiones de alojamiento que afectan a una persona trans bajo custodia? El Comité de Justicia Penal del Concejo Municipal retomó este miércoles dos proyectos de ley que buscan dar respuesta a esas complicadas preguntas en las cárceles de la ciudad de Nueva York.
Para avanzar en algunas reformas en estos dos grandes ejes del drama carcelario, se divulgó un nuevo informe presentado ante la cámara municipal que aporta una fotografía más reciente de las dificultades de acceso a los servicios de salud de la población interna: en junio de 2026 se completó apenas el 56% de las 6,259 citas programadas de salud mental en las cárceles bajo el control municipal.
El documento también recoge una revisión de la Junta de Corrección que detectó siete encierros individuales involuntarios en unidades de observación psiquiátrica y fallas en el registro de esas restricciones.
Además, el 87% de las mujeres bajo custodia había recibido servicios de salud mental, frente al 58% de los hombres, según datos al 31 de octubre de 2025 citados en el informe, el cual no ofrece una cifra separada para mujeres trans.
Una serie de antecedentes, muertes y cifras de los últimos años también muestran la magnitud de este desafío.
En junio, el comisionado del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC-NYC), Stanley Richards, informó al Concejo que unas 6,700 personas estaban bajo custodia. Más de 4,100, alrededor del 60%, tenían la designación Brad H, vinculada con una mayor interacción con servicios de salud mental. Otro 20 % había sido identificado con una enfermedad mental grave.
Específicamente en Rikers Island, la cárcel más grande de Nueva York, más de la mitad de los internos han sido diagnosticados con una enfermedad mental, y una de cada cinco padece una afección psiquiátrica muy grave.
Entre los diagnósticos que pueden integrar la categoría de enfermedad mental grave figuran la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno por estrés postraumático.
Hay que aclarar que la designación ‘Brad H’ identifica a personas encarceladas que reciben servicios de salud mental o han sido evaluadas para recibirlos.
Richards reconoció que el número de personas encarceladas presiona las operaciones diarias, “desde el alojamiento y el transporte hasta las escoltas médicas, los programas y la supervisión”, según su comparecencia en una audiencia municipal.
Esta tendencia viene de años atrás. Un estudio del Data Collaborative for Justice encontró que la proporción de personas con la designación ‘Brad H’ pasó de 43% en 2016 a 57% en abril de 2025.
En ese período de referencia, la proporción con enfermedad mental grave creció de 11% en 2015 a 21% en 2025.
Citas pendientes
Ante este escenario, la concejal Selvena N. Brooks-Powers, presidenta del Comité de Justicia Penal, presentó en abril la propuesta legislativa 0809 que avanza para ser aprobada esta año. Su objetivo es evitar que un encierro en una celda interrumpa la atención médica de una persona bajo custodia.
El proyecto obligaría al DOC-NYC y a los servicios de salud a mantener comunicación durante esos períodos. Si una persona pierde una consulta, el personal sanitario determinaría cuándo atenderla, de acuerdo con su necesidad médica. Asimismo, la agencia municipal tendría que seguir escoltando pacientes a sus citas siempre que sea posible y registrar los casos en los que el encierro impidió llevarlos.
Brooks-Powers dijo al presentar la iniciativa que buscaba “garantizar que las personas bajo custodia tengan acceso a la atención necesaria incluso durante períodos de movimiento restringido”.
Se pudo conocer que la Junta de Corrección ya había advertido en un informe de 2022 que los encierros dificultan el acceso a servicios médicos y de salud mental.
Un balance de la Contraloría publicado en 2023 señaló un aumento del 21% en las citas médicas perdidas, con los datos disponibles en ese momento.
Un reporte posterior del Katal Center y el Data Collaborative for Justice ofrece otra medida del problema: contabilizó 15,823 citas médicas perdidas en septiembre de 2025, frente a 3,626 en septiembre de 2020. Las cifras corresponden a esos meses específicos, no al total anual.
En medio de las disertaciones legislativas, Zachary Katznelson, director ejecutivo de la Comisión Independiente de Rikers, reclamó supervisión periódica para comprobar que no vuelva a utilizarse el ‘deadlocking’, la práctica de mantener a personas encerradas en sus celdas durante períodos prolongados.
También propuso restablecer la capacitación conjunta en intervención de crisis para el personal penitenciario y de salud, reforzar su preparación para atender a personas con enfermedades mentales graves y reabrir unidades especializadas para quienes cometan infracciones disciplinarias graves.
Dos diagnósticos, dos muertes
Estas advertencias y estadísticas tienen rostros concretos en informes municipales. Tal es el caso más reciente documentado de Benjamin Kelly, de 37 años, quien llegó a Rikers Island en mayo de 2025 con una fianza de $2,500 y una recomendación hospitalaria de seguimiento psiquiátrico.
Se confirmó que informó antecedentes de trastorno esquizoafectivo y bipolaridad. Días después, quedó bajo vigilancia por riesgo de suicidio.
Su madre alertó a las autoridades al verlo deteriorado durante una visita, pero la Junta de Corrección encontró que una de sus quejas no fue remitida a los servicios de salud.
Lamentablemente, Kelly murió por suicidio en su celda el 20 de junio. El informe oficial no precisa el cargo por el que había sido arrestado.
De igual forma, en un sistema penitenciario en donde un porcentaje importante de internos son de origen hispano, destaca el caso de Erick Tavira, un neoyorquino de 28 años diagnosticado con esquizofrenia. Pasó 494 días en Rikers antes de quitarse la vida en 2022.
Una investigación de la Comisión Correccional del estado encontró que “durante su detención, no fue llevado a 11 consultas de salud mental y dejó de recibir 129 dosis de medicamentos”.
La junta médica calificó las reiteradas citas perdidas como una falla en la atención.
¿Dónde lo ubicamos?
Asimismo, los legisladores de la Gran Manzana están tratando de abordar otro tema muy complicado: para una persona trans o no binaria en Rikers, la pregunta no es simplemente en qué celda dormirá, sino la decisión de que si se ubica en una cárcel de hombres o de mujeres, en una unidad especializada o en otra área.
Históricamente, el grupo de trabajo que supervisa estas políticas ha cuestionado cómo se toman esas decisiones, qué peso tienen las preocupaciones de seguridad expresadas por la propia persona y cómo se consideran las recomendaciones del personal de salud.
Precisamente, el segundo proyecto, la Intro 0133 patrocinada por la concejal de Queens, Tiffany Cabán, aborda la supervisión del trato a personas trans, no binarias e intersexuales, teniendo como unos de los referentes la fatídica historia de Layleen Polanco, una mujer trans de 27 años, quien murió en Rikers Island en 2019 después de sufrir una crisis epiléptica mientras estaba en aislamiento disciplinario.
Según el informe del grupo de trabajo que examina las condiciones de esta población, desde que DOC-NYC supo de su estado pasaron 47 minutos sin que se actuara para salvarle la vida.
Ese grupo de trabajo ha examinado problemas relacionados con el ingreso a las cárceles, el alojamiento, la atención médica y los mecanismos de denuncia.
En reuniones celebradas en 2026, sus integrantes volvieron a pedir explicaciones a funcionarios de Corrección sobre los criterios para el traslado y la seguridad de mujeres trans en determinadas unidades.
En efecto, la Intro 0133 prolongaría la duración de este grupo de trabajo, para dar paso a un elemento de supervisión más permanente. También obligaría a representantes de DOC-NYC y de los servicios de salud a responder sus preguntas e informar sobre cambios de política y traslados involuntarios entre unidades, según el texto legislativo.
“El efecto sería reforzar la vigilancia de esas decisiones, aunque el proyecto no garantiza por sí mismo un alojamiento determinado para cada persona de este colectivo”, destaca la propuesta.
Historias documentadas
Hay varias historias documentadas alrededor de este desafío. Una demanda presentada en 2025 por la Sociedad de Ayuda Legal muestra lo que puede estar en juego detrás de esas decisiones. ‘S.W’, una mujer trans cuya orden de ingreso a Rikers fue enviada en 2024 a una cárcel de hombres pese a que el documento también indicaba que se identificaba como mujer.
Según la demanda, allí sufrió una agresión sexual. Aunque se autorizó su traslado al centro de mujeres Rose M. Singer, pasó antes por otra instalación masculina. La Ciudad enfrenta una demanda por esos hechos, que aún no han sido determinados judicialmente.
Estas dos iniciativas se debaten mientras continúan las muertes bajo custodia. El Instituto Vera registró 15 fallecimientos en 2025 y siete en 2026, según su actualización del 26 de agosto.
Las cifras del debate:
- 6,700 personas estaban bajo custodia de Corrección cuando Richards compareció ante el Concejo en junio de 2026.
- 4,100, cerca del 60 %, tenían una designación vinculada con servicios de salud mental; 20% presentaba una enfermedad mental grave.
- 21% fue el aumento de citas médicas perdidas consignado en el balance de la Contraloría de 2023.
- 47 minutos transcurrieron sin una intervención para salvar a Layleen Polanco desde que Corrección supo de su situación, según el informe del grupo de trabajo.
- 15 muertes en 2025 y siete en 2026 figuraban en el registro del Instituto Vera al 26 de agosto de 2026
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