Tres alumnos de la Universidad de Columbia presentaron una demanda colectiva federal por la respuesta de la institución a una protesta propalestina en 2025 en la Biblioteca Butler, acusando a los oficiales de seguridad del campus de encerrar a unos 80 estudiantes en una sala de lectura por horas, agredir a algunos de ellos y posteriormente castigarlos como “producto directo de una campaña coordinada de coerción por parte de la administración Trump”.
La demanda fue presentada ante una corte federal de Manhattan y nombra a la Universidad de Columbia, a la expresidenta interina Claire Shipman y a las empresas de seguridad Allied Universal y Pinkerton, además de cinco integrantes del profesorado y del personal administrativo que fueron parte de un comité disciplinario.
La reclamación argumenta que los agentes de seguridad pública de Columbia bloquearon las salidas a los pocos minutos de lo que la demanda denomina una “sesión informativa”, y posteriormente se negaron a dejar salir a los alumnos a menos que mostraran sus tarjetas de identificación.
Cuando un estudiante cuestionó si bloquear las puertas suponía un riesgo de incendio, un oficial respondió: “No, no hay riesgo de incendio. Nadie entra ni sale”, dice la denuncia. Alrededor de dos horas después, sonó una alarma de incendios y, en vez de evacuar a las personas que estaban dentro, los agentes esposaron las puertas principales de la biblioteca, alega el documento.
Desde el día de la protesta, Columbia aseguró que sus agentes retuvieron a los alumnos adentro del edificio hasta que se identificaron y que dos oficiales del campus resultaron heridos.
Millie Wert, vocera de la universidad, explicó que la interrupción se produjo en medio del periodo de estudio para los exámenes finales.
“A los participantes se les pidió repetidamente que se identificaran y que se marcharan, y se les advirtió que estaban infringiendo nuestras normas y políticas”, señaló Wert. “La universidad no puede tolerar tales interrupciones en nuestras actividades académicas”.
La representante de Columbia defendió también al profesorado y al personal administrativo, aseverando que “prestan un servicio indispensable a la Universidad y no podríamos estar más agradecidos por su trabajo”.
En un comunicado, la escuela no abordó de manera directa la acusación de la demanda de que los estudiantes fueron agredidos físicamente, informó Gothamist.
Los alumnos no querían descartar su identidad y arriesgarse a ser identificados porque las autoridades de la administración del presidente Donald Trump estaban amenazando públicamente con deportar o acusar de forma penal a los manifestantes propalestinos, indicó la abogada de los estudiantes, Thanie Aboushi.
“[La universidad] ya había previsto sancionar y disciplinar a los estudiantes desde el momento en que bloquearon todas las salidas y no les permitieron marcharse”, indicó la jurista.
El gobierno republicano había cancelado $400 millones de dólares en subvenciones federales semanales antes de que empezara la protesta y exigió a la Universidad de Columbus que aumentara su fuerza de seguridad, otorgara a los oficiales poderes de arresto e impusiera lo que determinó como “expulsión o suspensión plurianual” a los manifestantes.
De acuerdo con la denuncia, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) designó a al menos 36 trabajadores de Columbia como agentes especiales de patrulla. El NYPD, que no está en la lista de los demandados en el caso, dijo que los agentes especiales de patrulla no portan armas y que su función está permitida por la ley estatal y está regida por las normas estatales.
Otras de las seis abogadas que representan a los alumnos, Cheryl Forchilli, expresó que solo puede suponer que esos poderes de arresto envalentonaron a la administración de la universidad.
“Luego procedieron a acorralar, detener y agredir a los estudiantes manifestantes”, señaló.
Courtland Buchanan, uno de los estudiantes demandantes, manifestó que su intención era quedarse solo unos minutos, pero fue acorralado por la seguridad de Columbia, golpeado y aplastado por la muchedumbre que trataba de irse.
“Algo que me resulta sumamente importante es impedir que Columbia vuelva a hacer algo así jamás”, expuso, “poniendo a sus estudiantes en peligro físico y castigándolos con represalias tan draconianas por algo tan insignificante”.
Un vocero de Allied Universal expresó que la empresa no hace comentarios sobre litigios pendientes. Pinkerton no respondió a las solicitudes de comentarios.
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