GEO Group seguirá administrando los tres centros de detención en California hasta 2034, pese a que el Gobierno federal asumirá su propiedad tras la compra
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) adquirió por $950 millones de dólares un complejo de tres centros de detención para migrantes en Adelanto, California, con capacidad conjunta para unas 2,600 personas.
La operación transfiere al Gobierno federal la propiedad de las instalaciones, aunque su funcionamiento continuará en manos de GEO Group, la empresa privada que las vendió y una de las principales operadoras de centros de detención y prisiones del país.
GEO Group seguirá administrando el complejo bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permanecerá vigente hasta diciembre de 2034.
La adquisición amplía la infraestructura de detención que el Gobierno federal controla directamente en un momento en que ICE mantiene una amplia red de instalaciones para alojar a personas sometidas a procesos migratorios.
GEO Group mantiene la operación
Aunque la propiedad pasa al Gobierno, GEO Group conservará la gestión diaria de los tres centros durante los próximos años. La compañía es uno de los principales proveedores privados de servicios de detención para ICE.
Aproximadamente uno de cada tres migrantes detenidos por ICE se encuentra en instalaciones administradas por GEO Group, según los datos incluidos en la información sobre la operación.
La relación económica entre ambas partes también es significativa para la empresa privada: casi la mitad de los ingresos de GEO Group procede de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional.
La compra de Adelanto supone, por tanto, un cambio de propietario sin modificar por ahora quién administra las instalaciones ni el vínculo contractual con ICE.
El director de ICE trabajó para la empresa
La operación también pone el foco sobre la trayectoria de David Venturella, director interino de ICE desde mayo, quien trabajó para GEO Group entre 2012 y 2023 y posteriormente se desempeñó como consultor de la compañía hasta 2025.
Su nombramiento generó cuestionamientos entre legisladores demócratas, incluida la senadora Elizabeth Warren, quienes señalaron posibles conflictos de interés debido a su experiencia tanto en el Gobierno como en una empresa que obtiene importantes contratos federales para administrar centros de detención.
Los cuestionamientos se centraron especialmente en la relación de Venturella con GEO Group y en su participación previa en el sector privado de detención migratoria.
Venturella respondió que había vendido sus acciones de la compañía y que se había apartado de “todos los contratos y obligaciones relacionados” con los centros de detención.
Con información de EFE.
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