Santo Domingo.– El jurista José Martínez Hoepelman consideró que República Dominicana debe avanzar hacia la despenalización de los denominados “delitos de palabra” cuando las expresiones estén relacionadas con asuntos del Estado, temas de interés público o cuestiones que tengan impacto en la sociedad.
Al participar en la tercera entrega de RD Debate, Hoepelman sostuvo que la protección de la libertad de expresión constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y advirtió sobre los riesgos de utilizar el derecho penal para restringir las críticas relacionadas con la gestión pública.
“Debe despenalizarse el delito de la palabra cuando tenga que ver con cuestiones del Estado”, planteó el abogado al analizar los límites entre la libertad de expresión y las conductas que pueden generar consecuencias judiciales.
El jurista explicó que este derecho no se limita a la posibilidad que tiene una persona de expresar sus opiniones, sino que posee una doble dimensión, al incluir también la facultad de los ciudadanos de buscar y recibir informaciones que les permitan construir sus propios criterios sobre los asuntos que afectan a la sociedad.
En ese sentido, consideró que las opiniones, críticas y cuestionamientos sobre asuntos públicos deben contar con una protección amplia, incluso cuando puedan resultar fuertes o incómodos para quienes ejercen funciones públicas.
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Hoepelman señaló que República Dominicana se ha apartado de una tendencia internacional orientada a sacar los llamados delitos de palabra del ámbito penal. Sin embargo, destacó que el nuevo Código Penal introduce distinciones relacionadas con expresiones vinculadas a casos de interés público.
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A su juicio, la intervención del derecho penal debería concentrarse principalmente en situaciones que afecten aspectos estrictamente relacionados con la vida privada de las personas, estableciendo una diferencia clara frente a los debates sobre asuntos públicos.
“Para poder tener un Estado democrático fuerte, la libertad de expresión debe apoyarse”, manifestó.
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El abogado señaló que uno de los principales desafíos consiste en determinar con precisión dónde termina el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en qué momento una conducta puede generar responsabilidad, sin que las normas penales terminen convirtiéndose en una herramienta para limitar el debate público.
Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones sobre el tratamiento de la difamación, la injuria y otros delitos vinculados a la expresión en la legislación dominicana, particularmente a raíz de las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal.
La tercera entrega de RD Debate contó además con la participación del abogado y comunicador Eduardo Saint Hilaire, como moderador invitado, junto a Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova.
El espacio es organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico, Social de Santo Domingo (CODESSD).
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