Nueva York.- Mount Sinai Health System acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dejar de ofrecer a menores de edad intervenciones médicas de afirmación de género, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos, como parte de una resolución que pone fin a una investigación federal sobre posibles violaciones de la legislación sanitaria.
El acuerdo, anunciado el 4 de septiembre, establece además que Mount Sinai pagará una sanción económica, cuyo monto no fue detallado por las autoridades, y destinará $2 millones a servicios médicos gratuitos para personas que, según el DOJ, presenten consecuencias negativas derivadas de tratamientos de afirmación de género recibidos cuando eran menores.
El Departamento de Justicia aclaró que los señalamientos incluidos en el proceso constituyen alegaciones y que no hubo una determinación de responsabilidad contra Mount Sinai. El sistema de salud negó las acusaciones formuladas por el Gobierno federal.
Mount Sinai investigado
La investigación forma parte de una iniciativa nacional iniciada después de que el presidente Donald Trump emitiera, en enero de 2025, una orden para priorizar las acciones federales relacionadas con determinados tratamientos de transición de género en niños y adolescentes.
Según el DOJ, las pesquisas examinan posibles infracciones de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la Ley de Reclamaciones Falsas y otras normas federales de salud, entre ellas eventuales irregularidades en la facturación a programas gubernamentales y aseguradoras privadas.
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Mount Sinai sostuvo, por su parte, que aceptó el acuerdo para evitar tener que entregar historiales clínicos confidenciales de pacientes ante un gran jurado. La institución señaló además que buscaba proteger la privacidad de las personas atendidas y permitir que sus médicos continuaran concentrados en la prestación de servicios de salud.
Mount Sinai y hospitales
Mount Sinai se suma a otros centros médicos que han alcanzado resoluciones con el Gobierno federal dentro de la misma investigación. El Departamento de Justicia citó previamente acuerdos con Texas Children’s Hospital, Cleveland Clinic Foundation y Connecticut Children’s Hospital.
La disputa sobre este tipo de atención médica también continúa en los tribunales. El 2 de septiembre, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a otros 20 fiscales generales estatales y al gobernador de Pensilvania en una demanda contra una norma de la administración Trump que restringe fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) para determinados tratamientos de afirmación de género dirigidos a adolescentes transgénero.
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