Santo Domingo, RD. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para continuar la investigación sobre el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y completar la acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás vinculados al proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero estableció que el nuevo plazo se extenderá hasta el próximo 11 de diciembre, al considerar justificada la solicitud presentada por el órgano acusador.
La decisión se produce mientras el Ministerio Público amplía las pesquisas sobre la estructura que, según la acusación, habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al patrimonio público mediante operaciones realizadas a través de SeNaSa.
Ministerio Público amplía investigación sobre SeNaSa
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que las investigaciones permanecen activas y podrían abarcar a otras personas.
Ortiz señaló que las pesquisas no están limitadas a los imputados que fueron presentados inicialmente durante la audiencia de medida de coerción.
La representante del Ministerio Público indicó que será al momento de depositar la acusación cuando se podrá conocer el alcance definitivo de las investigaciones.

“Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, afirmó Ortiz al responder preguntas de los periodistas.
Tribunal mantiene prisión preventiva
Además de conceder la prórroga de cuatro meses, el tribunal rechazó los planteamientos formulados por algunas de las defensas y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción para varios de los imputados.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 25 de septiembre.
El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Mirna Ortiz; el procurador de corte Héctor García, así como las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.

¿Por qué solicitaron más tiempo para investigar el desfalco en SeNaSa?
La solicitud de extensión del plazo fue depositada por el Ministerio Público el pasado 10 de agosto y presentada ante el tribunal por la fiscal Rosa Alba García.
Durante la audiencia, la fiscal explicó que el expediente cuenta con varias líneas de investigación que todavía deben ser desarrolladas.
Una de ellas está relacionada con la custodia y almacenamiento de documentos pertenecientes a una empresa privada. Según el Ministerio Público, esta situación dificultó la continuidad de las pesquisas y obligó a solicitar una orden de allanamiento.
Como resultado de esa actuación, los investigadores tuvieron que localizar aproximadamente 15 mil cajas de documentos que forman parte del proceso de investigación.
El órgano acusador sostuvo que también necesita analizar cientos de miles de operaciones, además de revisar información relacionada con los investigados y la magnitud de los hechos bajo investigación.
El proceso por la Operación Cobra
El caso judicial se originó a partir de la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló la estructura que, según las autoridades, habría operado dentro y alrededor del SeNaSa.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva contra Santiago Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales implicados en el entramado.
La medida de 18 meses de prisión preventiva también fue ratificada para los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

En el caso de Ada Ledesma Ubiera, la medida de coerción fue modificada y actualmente cumple arresto domiciliario por razones de salud, luego de una decisión adoptada el pasado 16 de julio.
El proceso también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
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Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez es procesado en el expediente. El pasado 30 de julio, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta.
¿Qué acusa el Ministerio Público en el caso SeNaSa?
De acuerdo con la investigación, los procesados son señalados por su presunta participación en un esquema que habría afectado las operaciones del SeNaSa y provocado pérdidas de miles de millones de pesos.
Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que durante las investigaciones fueron obtenidas evidencias que apuntan a supuestas operaciones de soborno, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, según el órgano acusador, carecían de sustento jurídico y habrían sido utilizados para desviar recursos.
Las autoridades describen el caso como un supuesto esquema de corrupción que habría involucrado a funcionarios de SeNaSa y a personas vinculadas a la prestación de servicios de salud.
El Ministerio Público continuará con las diligencias durante los próximos cuatro meses, mientras se acerca la nueva fecha establecida por el tribunal para concluir las investigaciones y presentar la acusación correspondiente.
La prórroga concedida hasta el 11 de diciembre permitirá al órgano acusador completar las líneas de investigación pendientes antes de definir el alcance final del expediente por el presunto desfalco en SeNaSa.
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