El congelamiento de unos 2.000 millones de guaraníes —alrededor de 320.000 dólares— en cuentas de Ueno Bank comprometió la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y obligó a varios cuarteles a reducir sus servicios. La institución, que dependía de esos recursos para financiar combustible, mantenimiento de vehículos y otros gastos esenciales, advirtió que la falta de liquidez podía limitar su respuesta ante incendios, accidentes y otras emergencias.
Los fondos retenidos incluían el dinero recaudado durante la colecta nacional de octubre, que representaba cerca del 70% de los recursos afectados, además de aportaciones propias de los distintos cuarteles. El impacto alcanzó a una organización integrada por unos seis mil 500 voluntarios y con presencia en 140 compañías distribuidas por el país.
Uno de los problemas más inmediatos para los bomberos fue la imposibilidad de financiar el combustible, indispensable no solo para movilizar los camiones, sino también para operar generadores, bombas y otros equipos durante las intervenciones.
La presidenta de la institución, Lorena Canan, estimó que una salida por un accidente de motocicleta podía costar desde 500.000 guaraníes —unos 80 dólares—, mientras que la atención de un incendio de grandes proporciones podía alcanzar los 350 millones de guaraníes, equivalentes a unos 52.000 dólares.
En Itá, al sur de Asunción, la decimosexta Compañía había reducido a un solo vehículo la cantidad de móviles disponibles para cubrir las emergencias. Otros cuarteles también afrontaban dificultades para mantener su actividad habitual, mientras el directorio nacional reclamaba que los recursos destinados al servicio público de emergencia quedaran protegidos frente a cualquier mecanismo de quita, conversión, reestructuración o postergación.
Como institución fuimos estafados
La crisis también había golpeado a los voluntarios en el plano personal. Oscar Acuña, comandante de la Sexta Compañía de Mariano Roque Alonso, relató a la AFP que la institución había depositado en Ueno el dinero obtenido durante su colecta anual porque confiaba en la entidad. “Así como muchos ahorristas de nuestra institución fueron estafados, nosotros mismos como institución fuimos estafados y hoy estamos sufriendo las consecuencias”, afirmó.
Con la caja del cuartel vacía, Acuña explicó que los bomberos habían comenzado a seleccionar qué emergencias podían atender. “Tenemos que priorizar ahora y elegir qué casos atender y cuáles no”, señaló, después de contar que habían tenido que rechazar incluso la petición de ayuda de una mujer cuyo animal necesitaba asistencia.
También advirtió que la falta de combustible podía terminar inmovilizando los vehículos: “Prácticamente no nos vamos a poder mover una vez que el corazón (que es el combustible) empiece a fallar por falta de recursos”.
La incertidumbre se extendía al resto de los voluntarios. Ángel Núñez, integrante de la institución, reconoció que algunos podrían verse obligados a cubrir los gastos con dinero propio, aunque sus finanzas personales también habían resultado afectadas por la crisis bancaria. “Va a llegar el momento en el que vamos a tener que poner de nuestros propios bolsillos, pero eso es difícil porque nosotros también fuimos afectados en nuestras propias finanzas personales”, dijo.
El Banco Central había comenzado el jueves a transferir depósitos a cuentas de otras entidades mediante el fondo de garantía, pero el mecanismo no resolvía el problema de los bomberos.
La cobertura alcanzaba hasta 36.000 dólares por cuenta, aproximadamente el 11 % de los fondos que la institución tenía inmovilizados en Ueno. Para recuperar el resto, debía esperar al proceso de liquidación de los activos del banco, sin garantías de que los recursos obtenidos fueran suficientes.
Al sábado, el BCP había restituido unos 160 millones de dólares a cerca de 1,2 millones de ahorristas. Sin embargo, los fondos de los bomberos seguían sujetos a un proceso cuyo plazo y resultado eran inciertos. Mientras tanto, la falta de liquidez había convertido una crisis bancaria en un problema de seguridad pública: los cuarteles debían sostener sus operaciones con recursos limitados y afrontar la posibilidad de no poder acudir a todas las llamadas de auxilio.
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