El esquema de fraude electrónico afectó a compañías de varios países e incluyó videollamadas con voces e imágenes de ejecutivos clonadas
3 personas fueron imputadas en un tribunal federal de Nueva York por su presunta participación en un esquema que habría utilizado inteligencia artificial para suplantar a directores ejecutivos y abogados y desviar alrededor de $129 millones de dólares de empresas. La acusación incluye fraude electrónico, robo de identidad agravado y blanqueo de capitales.
Los señalados son Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54; y Guy Sheetrit, de 42. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, habrían actuado con cómplices entre 2024 y 2026 contra miles de compañías.
La investigación describe un método que combinaba técnicas de engaño con herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir voces y, en ocasiones, imágenes. Los acusados presuntamente construían una cadena de comunicaciones para que las operaciones parecieran legítimas.
Correos y videollamadas para ganar confianza
Según los documentos judiciales, el grupo comenzaba por los departamentos de contabilidad. Un empleado recibía un correo que aparentaba proceder del director ejecutivo y solicitaba ayuda para completar una transacción financiera confidencial.
Después, los presuntos estafadores coordinaban una llamada o videollamada. Usaban inteligencia artificial para imitar la voz del máximo responsable y, en ocasiones, su apariencia. El contacto buscaba reducir las sospechas y transmitir que la orden provenía de la dirección de la compañía.
La maniobra incluía otro paso. El supuesto ejecutivo indicaba al empleado que contactara a un abogado de un importante bufete internacional que, según la historia inventada, participaba en la transacción. Pero quien respondía también sería un impostor, según la acusación.
Soall habría asumido principalmente el papel de abogados del Reino Unido. La Fiscalía indicó que tenía un guion escrito a mano titulado “Lawyer Call”, con expresiones destinadas a reforzar la apariencia de autenticidad.
Establecida la confianza, el falso abogado instruía al empleado para transferir grandes cantidades a cuentas controladas por integrantes de la presunta conspiración. Los fondos se enviaban a distintos países, se convertían en criptomonedas para ocultar su origen y luego se distribuían entre los acusados y otros implicados, según los fiscales.
Hospitales, bancos y empresas entre las víctimas
La lista de compañías afectadas refleja el alcance internacional de la operación. Entre las víctimas identificadas figuran sistemas hospitalarios con sede en Missouri y California, un banco de Rhode Island, una empresa británica de tecnología financiera, una firma de fondos de inversión de Massachusetts y una compañía de alimentos para mascotas de Florida.
Los documentos atribuyen pérdidas concretas a esas entidades. Un sistema hospitalario de Missouri habría perdido $4.8 millones y otro con sede en California, casi $3 millones. El banco de Rhode Island habría transferido aproximadamente $2.7 millones.
Una empresa británica de tecnología financiera habría perdido cerca de $11.6 millones; una firma de fondos de inversión de Massachusetts, unos $4.6 millones; y la compañía de alimentos para mascotas de Florida, alrededor de $5.2 millones. Esas cantidades forman parte de los más de $129 millones atribuidos al esquema.
El dinero habría pasado por cuentas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. La conversión a criptomonedas habría dificultado el rastreo.
Detenciones y cargos federales
Los 3 fueron arrestados en Europa entre junio y septiembre de 2026. Soall fue detenido en España el 17 de junio; Hazan, también en España, el 5 de agosto; y Sheetrit, en el Reino Unido, el 7 de septiembre. Las solicitudes de extradición a Estados Unidos estaban pendientes.
Hazan había sido condenado en 2008 por conspiración para cometer fraude bancario en un tribunal federal de Nueva York.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, robo de identidad agravado y blanqueo de capitales. Varios contemplan penas máximas de hasta 20 años, mientras que el robo de identidad agravado puede sumar 2 años. La sentencia dependerá del resultado del proceso y de la decisión judicial.
El subdirector del FBI en Nueva York, James C. Barnacle Jr., afirmó que el caso muestra cómo las tecnologías emergentes facilitan fraudes a gran escala y exigen nuevas capacidades de investigación.
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