Durante su arresto, Sánchez destacó la detención de ciudadanos por no tener una dirección registrada en la capital, lo que calificó como “discriminación por origen provincial” y una práctica recurrente en La Habana.
La periodista independiente Yoani Sánchez denunció amenazas y presiones de la Seguridad del Estado cubano tras permanecer casi nueve horas detenida en La Habana. Sin embargo, durante su reclusión, la directora del diario digital 14ymedio aseguró haber constatado una situación que, según su testimonio, afecta diariamente a numerosos ciudadanos: arrestos y deportaciones hacia sus provincias de origen por no contar con una dirección registrada en la capital.
Sánchez relató que fue interceptada el jueves 5 de noviembre por tres hombres vestidos de civil cuando salía de su vivienda, en el barrio de Nuevo Vedado. Los individuos, a quienes identificó como integrantes de la Seguridad del Estado, no se identificaron y la trasladaron por la fuerza a la Cuarta Estación de la Policía, ubicada en el municipio Cerro.
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La comunicadora recuperó su libertad esa misma noche y agradeció la solidaridad expresada en redes sociales durante las horas que permaneció bajo custodia. Según afirmó, la presión pública contribuyó a que las autoridades la liberaran.
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“Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, escribió en Facebook.
Al día siguiente, mediante un video difundido en sus plataformas digitales, Sánchez explicó que recibió varias imputaciones, entre ellas la de “propaganda contra el orden constitucional”. Consideró que las acusaciones estaban relacionadas con su labor informativa, sus críticas al Gobierno y los contenidos que desarrolla en su pódcast Cafecito Informativo y sus cápsulas callejeras bajo el seudónimo de Andarina Sánchez.
“Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren que me silencie, quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”, expresó.
Ciudadanos detenidos por su lugar de residencia
Durante su permanencia en el calabozo, la periodista afirmó que escuchó reiteradamente las palabras “ilegales” y “deportación”, utilizadas para referirse a ciudadanos procedentes de otras provincias que no tenían registrada una dirección en La Habana.
Según su relato, las autoridades detienen a personas de distintas edades y posteriormente ordenan su traslado obligatorio hacia sus lugares de origen. Algunos de los afectados, aseguró, habían dejado a sus hijos al cuidado de terceros o mantenían sus pertenencias en viviendas de la capital, pero eran deportados sin posibilidad de organizar su regreso.
También denunció que algunas personas eran arrestadas por encontrarse en un municipio distinto al consignado en sus documentos de identidad. Calificó estas actuaciones como “discriminación por origen provincial” y sostuvo que se trata de una práctica extendida en diferentes barrios habaneros.
La periodista relacionó estos procedimientos con el Decreto-Ley 217, vigente desde 1997, que establece restricciones administrativas para fijar residencia en La Habana sin autorización previa. La normativa contempla sanciones y la posibilidad de trasladar a las personas hacia sus provincias de procedencia.
Las denuncias coinciden con un operativo realizado días antes en el municipio de San Miguel del Padrón, donde 71 personas fueron detenidas durante una intervención del Ministerio del Interior. Según informó el periódico oficialista Tribuna de La Habana, varias fueron identificadas como “indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada”.
Por su parte, Human Rights Watch documentó aproximadamente 20.000 expulsiones forzosas de personas de La Habana bajo la aplicación de esta normativa.
Cuestionamientos a la actuación policial
En su testimonio, Sánchez también cuestionó la relación entre la Policía Nacional Revolucionaria y los agentes de la Seguridad del Estado. Aseguró que durante su detención observó cómo los efectivos uniformados acataban las instrucciones de funcionarios vestidos de civil. “Tenían que tragarse su orgullo de policía ante el que llegaba vestido de civil”, relató.
La comunicadora sostuvo que la presentación de una identificación por parte de los agentes de la Seguridad del Estado bastaba para modificar la conducta de los policías uniformados.
Asimismo, afirmó que solicitó presentar una denuncia por secuestro contra los hombres que la interceptaron, pero no recibió la asistencia requerida.
“La policía cubana, las fuerzas del orden, se deben a un precepto ideológico, político y al Partido Comunista”, declaró.
Organizaciones internacionales condenan las detenciones
El arresto de Sánchez se produjo en medio de otras detenciones de periodistas independientes registradas durante esa semana en Cuba, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Entre los comunicadores afectados figuran Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, detenido e interrogado el lunes 2 de noviembre, y Camila Acosta, periodista del mismo medio y corresponsal del diario español ABC. Ambos fueron liberados horas después, aunque recibieron multas y advertencias.
José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, condenó la detención de Sánchez y advirtió sobre el contexto de las acciones contra la prensa independiente. “Forma parte de una campaña más amplia de represión contra los periodistas independientes”, afirmó. También exigió a las autoridades cubanas información inmediata sobre el paradero de los detenidos.
El caso también motivó un pronunciamiento de Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien a través de la red social X calificó lo ocurrido como parte de «la continua campaña del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente».
En Cuba, los medios de comunicación estatales, controlados por el Partido Comunista, son los únicos reconocidos como legales bajo la legislación aprobada en 2023. Pese a este escenario, distintas plataformas independientes continúan publicando contenidos en internet, aunque operan en un vacío legal y sus lectores recurren a redes privadas virtuales (VPN) para acceder a ellas.
En la clasificación mundial de libertad de prensa de 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 entre 180 países.
Sánchez, ganadora del Premio Ortega y Gasset en 2008 y reconocida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo, fundó 14ymedio en 2014, después de alcanzar notoriedad internacional con su blog Generación Y.
Pese a las amenazas denunciadas y las acusaciones formuladas durante su detención, la periodista aseguró que continuará informando y dando visibilidad a las situaciones que, según sostiene, permanecen fuera del escrutinio público: “Aquí estaré. Seguiré informando y haciendo mi trabajo”, concluyó.
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