La decisión mantiene las restricciones a los acuerdos migratorios locales y ocurre mientras el Departamento de Justicia mantiene otra demanda contra el estado
Un juez federal rechazó la petición de 15 alguaciles de Nueva York que pretendían frenar la aplicación de una ley estatal que limita la cooperación de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en asuntos de inmigración civil. La decisión, emitida por la jueza Mae A. D’Agostino, deja vigente la Local Cops, Local Crimes Act mientras continúa la disputa judicial.
Cabe aclarar que el tribunal no declaró que la ley sea constitucional ni resolvió de manera definitiva todos los argumentos de los alguaciles. Tampoco prohibió a ICE realizar operativos, investigaciones o detenciones migratorias en Nueva York. Lo que hizo fue rechazar la solicitud de los 15 funcionarios para suspender provisionalmente la legislación.
¿Por qué los alguaciles demandaron a Nueva York?
Los 15 alguaciles que promovieron la demanda representan a diferentes condados del estado. En su presentación de agosto, sostuvieron que la Local Cops, Local Crimes Act restringe sus facultades como funcionarios electos y les impide establecer acuerdos con las autoridades federales que, a su juicio, están permitidos por la legislación estadounidense.
La jueza D’Agostino no aceptó ese planteamiento procesal. Según la resolución, los alguaciles no acreditaron que pudieran impugnar la ley bajo las excepciones que citaron. Además, no señalaron una disposición de la legislación estatal que les concediera autoridad para suscribir los acuerdos específicos cuya prohibición cuestionaban.
Ese punto es importante. El fallo no equivale a una sentencia definitiva sobre el poder del estado para regular la cooperación migratoria. La decisión se concentra en la posibilidad de que estos demandantes llevaran adelante el reclamo en los términos presentados. Por eso, el litigio no debe leerse como una validación judicial de cada aspecto de la ley, ni como el cierre del debate entre Nueva York y el gobierno federal.
La gobernadora Kathy Hochul promulgó la Local Cops, Local Crimes Act el 27 de mayo de 2026. La legislación entró en vigor el 25 de agosto, el mismo mes en que los alguaciles presentaron su demanda. Su propósito es evitar que los recursos de las corporaciones policiales y de los gobiernos locales se destinen a determinadas funciones federales de control migratorio civil.
¿Qué acuerdos con ICE prohíbe la Local Cops, Local Crimes Act?
La ley impide que los gobiernos locales, las agencias policiales y los centros penitenciarios celebren o mantengan acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esos convenios permiten que determinados agentes estatales o locales reciban capacitación y autorización para desempeñar funciones de aplicación de las normas migratorias federales.
En términos prácticos, la restricción busca que los policías locales no sean incorporados formalmente a ciertas tareas que corresponden al gobierno federal. También prohíbe los acuerdos destinados a alojar o mantener detenidas en instalaciones penitenciarias locales a personas exclusivamente por infracciones civiles de inmigración.
La distinción entre una infracción civil migratoria y un delito penal es esencial para entender el alcance de la norma. La ley no establece una prohibición general de colaboración entre las policías locales y las autoridades federales. Contempla excepciones, entre ellas los acuerdos para alojar a personas sujetas a procesos penales federales.
La ley no convierte a Nueva York en un territorio donde ICE carezca de autoridad. Los agentes federales conservan sus facultades para aplicar las leyes migratorias y llevar a cabo operaciones dentro del estado, de acuerdo con las atribuciones que les concede la legislación federal.
La disputa judicial entre Nueva York y el gobierno federal continúa
El rechazo a la solicitud de los alguaciles tampoco resuelve el conflicto más amplio. El Departamento de Justicia mantiene una demanda independiente contra Nueva York por las restricciones estatales a la cooperación migratoria. Se trata de un procedimiento distinto, por lo que la resolución del 5 de noviembre no determina por sí sola el resultado de ese caso.
En consecuencia, la Local Cops, Local Crimes Act permanece vigente y las limitaciones que establece siguen aplicándose mientras avanzan los litigios. Los gobiernos locales y sus agencias deben actuar dentro de ese marco, aunque todavía puedan surgir nuevas decisiones judiciales que aclaren el alcance de la legislación o atiendan los argumentos planteados por las partes.
Para las comunidades inmigrantes, la decisión no anuncia un cambio en las facultades operativas de ICE ni elimina la posibilidad de que sus agentes realicen arrestos en Nueva York. Lo que confirma, por ahora, es que los 15 alguaciles no consiguieron la suspensión provisional que solicitaron.
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