Los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registraron un fuerte incremento durante el verano en Nueva York y Nueva Jersey, en paralelo con una expansión de las operaciones migratorias a nivel nacional.
Los datos proporcionados por la Universidad de California (UCLA) de Los Ángeles y Berkeley muestran que ICE realizó 49,571 arrestos en todo Estados Unidos durante julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato del presidente Donald Trump. En febrero se habían contabilizado 29,241, mientras que junio cerró con 43,021.
El ascenso adquiere especial relevancia en Nueva York, donde las nuevas restricciones estatales a la cooperación entre las autoridades locales y el Gobierno federal acaban de entrar en vigor.
Nueva York registra un aumento de casi 80%
En el estado de Nueva York, los arrestos pasaron de 754 en abril a 1,355 en julio, un incremento de 79.7%, según los datos citados en el reporte. La diferencia resulta todavía más pronunciada frente a diciembre de 2024, cuando se registraron apenas 182 arrestos.
Nueva Jersey experimentó un salto todavía mayor. Entre mayo y julio, los arrestos de ICE aumentaron 147.6%. Solo durante julio, más de 2,100 personas fueron arrestadas por agentes migratorios en el estado y cerca de 1,800 fueron posteriormente procesadas e ingresadas en centros de detención de ICE.
El crecimiento de las cifras ocurre mientras la administración federal ha intensificado sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias. El incremento nacional también coincide con una ampliación de los recursos destinados a ICE y con la contratación de miles de nuevos agentes de deportación e investigadores.
Nueva York limita la cooperación con ICE
El aumento de los arrestos coincide con un cambio importante en las reglas estatales. El 25 de agosto entraron en vigor la Local Cops, Local Crimes Act y la Dignity Not Detention Act, 2 medidas aprobadas como parte del paquete legislativo impulsado por la gobernadora Kathy Hochul.
La primera prohíbe que los gobiernos locales y las agencias policiales de Nueva York mantengan o suscriban acuerdos 287(g) con ICE, mediante los cuales determinados funcionarios locales pueden colaborar en tareas de aplicación de la legislación migratoria federal.
La segunda restringe el uso de instalaciones estatales y locales para alojar o detener a personas por infracciones civiles de inmigración. La legislación establece que los acuerdos existentes que entren dentro de las prohibiciones deben ser terminados y quedan sin efecto bajo la ley estatal.
La Fiscalía General de Nueva York había notificado en julio a 12 agencias locales que tenían acuerdos 287(g) que debían ponerles fin antes del 25 de agosto. Entre ellas figuran el Departamento de Policía del Condado de Nassau, el Departamento de Policía de la Villa de Mohawk y las oficinas del sheriff de Madison, Niagara, Nassau, Steuben y Cattaraugus.
También estaban incluidos el Departamento de Policía de Camden, la Oficina del Sheriff del Condado de Broome, el Departamento de Policía de la Villa de Allegany y las oficinas del sheriff de Rensselaer y Otsego.
La postura de Hochul ha sido tajante: las fuerzas locales, sostiene la administración estatal, deben concentrarse en los delitos y las necesidades de seguridad de sus propias comunidades, no asumir funciones de inmigración federal.
Los acuerdos llegan a los tribunales
La entrada en vigor de las leyes no ha cerrado la disputa. Al contrario, el conflicto ya se trasladó al terreno judicial.
El 25 de agosto, 15 alguaciles de condados presentaron una demanda para impugnar la prohibición de los acuerdos 287(g), según informó la Fiscalía General de Nueva York. El caso pone a prueba los límites entre las competencias estatales y la autoridad federal en materia migratoria.
La batalla legal llega después de que un tribunal federal rechazara a comienzos de agosto una solicitud de la administración federal para bloquear provisionalmente la prohibición de Nueva York.
Hochul y la fiscal general Letitia James han defendido que el estado tiene autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos policiales y penitenciarios locales. Para ambas funcionarias, la cooperación con ICE no debe desviar a las agencias de sus responsabilidades principales.
El escenario, por ahora, queda marcado por dos movimientos simultáneos: mientras los datos reflejan un crecimiento acelerado de los arrestos migratorios en la región, Nueva York intenta levantar una barrera legal para limitar la participación de sus instituciones locales en la aplicación de las normas federales de inmigración.
El resultado de esa pugna podría definir cuánto margen tendrán las autoridades locales para colaborar con ICE en los próximos meses.
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