En el norte de Chile, una ambiciosa obra de ingeniería busca llevar agua del océano Pacífico hasta una de las principales operaciones mineras del desierto de Atacama. El proyecto contempla una extensa red de tuberías que permitirá transportar agua desalinizada desde la costa hasta una instalación situada a aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar.
La iniciativa pertenece a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y forma parte del proyecto C20+, diseñado para garantizar el abastecimiento de sus operaciones y reducir la dependencia de fuentes continentales de agua dulce. Su infraestructura contempla un recorrido de 195 kilómetros que debe superar un desnivel de miles de metros en una de las regiones más áridas del planeta.
Una tubería de 195 kilómetros llevará agua del océano hasta los Andes
El sistema contempla una planta desalinizadora en el sector de Puerto Patache, en la Región de Tarapacá, con una capacidad proyectada de producción de 1.050 litros de agua por segundo. Desde allí, el recurso será impulsado mediante un ducto de aproximadamente 195 kilómetros hasta las instalaciones mineras de Ujina, ubicadas en plena cordillera.
Para superar las diferencias de altura del recorrido, la infraestructura incorpora cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia con capacidad para almacenar cerca de 49.500 metros cúbicos de agua. Además, incluye una turbina Pelton que permitirá recuperar parte de la energía mediante el aprovechamiento de la diferencia de altura entre las instalaciones.
El proyecto de Chile enfrenta cuestionamientos por sus efectos ambientales
La planta utilizará tecnología de ósmosis inversa para separar las sales y otras sustancias del agua marina y obtener agua apta para las operaciones mineras. Sin embargo, este procedimiento también genera salmuera, una corriente concentrada que debe devolverse al océano bajo controles ambientales para reducir sus posibles efectos sobre el ecosistema.
El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió una reclamación de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y anuló la autorización ambiental favorable del proyecto. La resolución ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental revisar aspectos relacionados con las comunidades costeras y los posibles impactos de la descarga hipersalina sobre el medio marino.
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